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La okupación entra en campaña

Carmen Tomás |

Diario de Arousa | 18 de abril de 2019

La campaña electoral avanza y los asuntos económicos que más preocupan a muchos ciudadanos empiezan a aflorar en el debate. Uno de ellos, aunque parezca menor, es la usurpación de la propiedad privada, la llamada okupación de viviendas. La desgracia es que los mal llamados ayuntamientos del cambio han sido y son consentidores de este fenómeno que no es nuevo, pero que se ha incrementado exponencialmente en muchos lugares de España. La mayoría de las veces las viviendas no están vacías y además, siempre, lo estén o no, pertenecen a alguien. 

Ahora que la izquierda se ha puesto tan constitucionalista y enarbola la Constitución que quería romper, debe preocuparse de los que tienen dificultades para encontrar una vivienda o la pierden por no tener recursos o trabajo. Pero, también de los que la tienen y tienen que asistir impotentes a su okupación y las trabas para para echar a los usurpadores.

En este sentido, los tres partidos del centro derecha lo tiene claro, frente a Podemos, por ejemplo, que quiere legalizar la okupación que destroza y perturba la vida de muchos ciudadanos. Las leyes son blandas y la justicia lenta. Pueden pasar meses y meses sin que el propietario de la vivienda pueda recuperar su casa y la mayoría de las veces que lo consigue, se la encuentra en una situación lamentable. El PP lo tiene claro, si llega al gobierno Pablo Casado, aprobará una ley que permita que en 12 como mucho 24 horas se pueda echar a los okupas a la calle. 

La idea es reforzar el delito de usurpación de vivienda pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años y modificar el Código Penal para la lucha contra las mafias. Además, se agilizarán los procesos penales para facilitar el desalojo y reforzar los procesos civiles para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer sus derechos con la misma agilidad que las personas físicas. Vox quiere tipificar la okupación como delito contra la propiedad, reformas legislativas y excluir estas conductas ilegales de las ayudas sociales. Y Ciudadanos propone mayores penas, registros y expulsión rápida.

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