martes 19.11.2019

La Xunta crea un censo de suelo empresarial que será obligatorio

El registro, que deberán seguir tanto las entidades públicas como las privadas, mostrará la superficie disponible

Un momento de la reunión del Consello da Xunta

La Xunta creará un censo de suelo empresarial en el que las entidades públicas y privadas estarán obligadas a registrar los parques que impulsen para así contar con un registro “exhaustivo y actualizado” de la superficie disponible, según concretó ayer el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión de su gobierno.

El Consello da Xunta dio ayer luz verde a la tramitación del anteproyecto del decreto que regulará el censo del suelo empresarial, lo que convertirá a Galicia “en una de las primeras” comunidades autonómas en contar con una herramienta de este tipo.

“Es necesario un censo del suelo empresarial en el que se recoja toda la información que necesita la gente que quiere emprender”, señaló en rueda de prensa el mandatario autonómico, que añadió que será obligatorio para cualquier propietario de suelo industrial, sea público o privado, inscribir su parcela o parque en el censo de la Xunta.

Inscripción
Además, este padrón de suelo empresarial también contará con “detalles individualizados” para cada parcela: precio, disponibilidad para alquiler o venta, con qué tipo de servicios cuenta o si puede destinarse a industria, oficinas o espacios comerciales, entre otros. De este modo, la inscripción, que será gratuita, deberá hacerse de las parcelas ya existentes y de las que se encuentran en construcción o en proyecto. Para mantener la base de datos actualizada, los propietarios también tendrán la obligación de comunicar los cambios que se produzcan en las parcelas –precio, disponibilidad, etc– con un plazo máximo de un mes. 

Una vez entre en vigor el decreto, los tenedores de suelo empresarial dispondrán de un plazo máximo de tres meses para inscribir su parcela en el censo; mientras que en los casos de nuevas actuaciones, deberá solicitarse la inclusión en el registro en un período no superior a un mes desde la aprobación de un proyecto sectorial.

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