viernes 13.12.2019

Habla el Supremo

La ecuación, mi ecuación, sería: a más violencia, menos independencia. Reconozco que es un voluntarista acto de fe en el proverbial “seny” de los catalanes. Mi personal confianza en las enormes reservas de sentido común y aversión al caos que guarda este maravilloso rincón de la España plural.

También es una forma de explicar que, si se desmadra la reacción de los independentistas, se reactivará el hambre atrasada de orden y seguridad (política, ciudadana, jurídica) que tiene una mayoría de la ciudadanía. Incluida una parte del independentismo con creciente sensación de fracaso e instalada en la desconfianza respecto a unos dirigentes políticos enfrentados entre sí.

Así hemos llegado a la “histórica” sentencia del “procés”. Es decir, el fallo del tribunal que ha juzgado una operación político-civil contra el orden constitucional. Un plan destinado a cambiar unas leyes por otras en una parte del territorio nacional, así como el uso indebido de fondos públicos para la ejecución de la citada estrategia sediciosa.

Desde el domingo pasado estamos asistiendo a diversos actos de protesta organizados por las tramas civiles de apoyo al citado objetivo ilegal, con el respaldo más o menos explícito de la Generalitat y dirigentes de partidos independentistas, en clave de “desobediencia” y “confrontación”, según sus llamamientos. Ya han generado movilizaciones de todo tipo. Me temo que ninguno de esos actos, hasta ahora bien controlados por los Mossos, va a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Ninguno de ellos podrá sustituir en la historia a la fuerza democrática de la razón depositada en las instituciones y la legalidad vigente.

Es su turno. No el de los activistas. Es la hora de las instituciones y del cumplimiento de la ley. Nuestros escudos frente a la demagogia, el populismo y la arbitrariedad. Pero, como explica Timothy Snyder en su libro sobre la tiranía, “las instituciones no se protegen a sí mismas”. Hay que defenderlas, y respetarlas por encima de cualquier querella política o territorial.

El obligado acatamiento del fallo judicial y el deber de hacerla cumplir por parte de los poderes públicos, es el dogma civil que concierne a quienes creemos en el sano funcionamiento de las instituciones.

Una lección que deben aplicarse los partidos comprometidos con la Constitución. Los “indepes” estarían felices si la sentencia fuera un nuevo pretexto de forzadas discrepancias respecto a la cuestión catalana entre PSOE, PP y Cs.

Habla el Supremo
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