La necesidad de cambiar la legislación sobre la okupación

Hace unas semanas, un grupo de vecinos de Portugalete se movilizó para recuperar para su propietaria una casa que había sido okupada. Su dueña, una mujer de avanzada edad, había ido a pasar unos días con su hermana y cuando volvió a su hogar se encontró con que había sido okupada. Victoria, que así se llamaba la propietaria, llevaba más de ochenta años viviendo en ese lugar y su imagen, absolutamente desconcertada y sin entender como la Justicia no echaba a la gente que había entrado en su casa, dio la vuelta al mundo.

Afortunadamente para ella, su historia tuvo un final más o menos feliz (los okupas destrozaron sus muebles y parte de sus pertenencias). Pero lo fue gracias a la actuación de todo un pueblo que no soportó la injusticia de que la mujer tuviera que esperar más de cuatro meses para que su caso fuera analizado en un juicio. 

Como le sucedió a los habitantes de Portugalete, resulta muy complicado para la mayoría de los españoles entender una legislación en la que el delincuente es el gran beneficiado. La situación es tan absurda como la que vivió Victoria y que está provocando que en las ciudades cada vez sean menos los pisos que se ponen en el mercado del alquiler.

Los propietarios tienen miedo ante la indefensión que provoca la normativa y que haría que recuperar sus viviendas, en caso de una okupación, se convierta en un largo y costoso proceso judicial. Esta situación está desequilibrando el mercado inmobiliario, ya que la demanda de pisos de alquiler ha subido debido a las dificultades de la mayoría de los ciudadanos para acceder a una hipoteca, tras el endurecimiento de las condiciones. Y, pese a ese incremento de la demanda, no hay viviendas para cubrirla. Todo por culpa de una malísima legislación.