Aborto en alza

No sé qué es peor: si los casi 120.000 abortos quirúrgicos practicados en nuestro país a lo largo de 2011 (casi un 5 por ciento más que el año anterior), o la falta de reacción con que los datos han sido acogidos por la sociedad y por los grandes circuitos mediáticos. Es como si la opinión pública y publicada hubieran asumido con inquietante normalidad y frialdad la desaparición y muerte de tanta criatura inocente.

Se trata de las primeras cifras oficiales sobre la realidad del aborto en España bajo la vigencia de la llamada “ley Aído”, socialista, que convirtió el crimen del aborto en un supuesto derecho de la mujer. De hecho, el 89,6 por ciento de las embarazadas que interrumpieron su gestación el año pasado no alegaron motivo alguno para hacerlo, sino su pura y simple voluntad durante las primeras catorce semanas., tal como posibilita la norma en vigor.

De los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad -casi escondidos, por cierto, en la web oficial del departamento-, llama también la atención que el aborto se disparó especialmente en las mujeres entre 35 y 39 años –con un aumento del 11,6 por ciento- , aproximadamente la mitas de las cuales tenían pareja e hijos, lo que apuntaría a una creciente utilización del mismo como un método anticonceptivo más.

Lo que ante este panorama no se entiende es la tardanza del Gobierno, y especialmente del Ministerio de Justicia, en cumplir su compromiso de reformar la ley. El ministro Ruiz-Gallardón parece tener tiempo para todo menos para este drama de la muerte en un año de casi 120.000 criaturas inocentes. Sigue con su cantinela que habrá que estar a lo que diga el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso que en su día planteó el Partido Popular, entonces en la oposición.

Pero habrá que recordar lo dicho en otras ocasiones: que aunque el TC estableciera el encaje de la “ley Aído” en la Constitución, ello no impediría en absoluto que encajaran también en ella, y tal vez con mayor holgura, otras normativas impulsadas por el legislador ordinario. Sólo hace falta voluntad política para ello. Porque lo que, ciertamente, no le falta al Gobierno y al Partido Popular es la mayoría necesaria en las Cámaras para llevarlo a cabo.

Por lo demás, el ministro Ruiz-Gallardón tiene ya a su disposición nada menos que tres sentencias del Constitucional en las que inspirarse y moverse: la más invocada y específica de 1985 y otras dos sobre técnicas de reproducción asistida, de 1996 y 1999. Es decir, que doctrina al respecto tiene en abundancia. Lo que le falta es voluntad. Y lo que le sobra es, tal vez, cálculo político.