PRIVATIZACIONES MÁS QUE POLÉMICAS

Me parece que no han estado muy afortunados los colectivos profesionales y sindicatos que han venido manejando la huelga de la sanidad pública madrileña. Lo digo porque después de reiterados llamamientos a la “huelga indefinida”, médicos y demás personal han sido desconvocados y reenviados un tanto inesperadamente a sus cuarteles de invierno; es decir, a sus respectivos hospitales y centros de salud.

Dicen que volverán a la carga, si es preciso, dentro de unas semanas cuando empiecen a concretarse un poco más los planes de la Administración autonómica. Veremos. Pero, de momento, retornan a sus puestos de trabajo sin haber doblegado o torcido la voluntad del Gobierno de la Comunidad al respecto.

¿De qué ha servido, por tanto, la huelga de los médicos madrileños, salvo para la cancelación de más de 6.000 operaciones y 40.000 consultas? Pues, queriendo hacer de la necesidad virtud, podría haber servido al menos para un par de cosas. Una: para replantear con fuerza el debate sobre la privatización de servicios públicos. Y dos: para meter el miedo en el cuerpo a cuantas Administraciones pretendan meterse en semejantes berenjenales.

Visto desde fuera el conflicto, como es mi caso, creo que habría que distinguir muy bien en este y en otros supuestos entre la privatización de servicios complementarios y la privatización de lo sustancial; es decir, del propio servicio público.

Por ejemplo: no es lo mismo la cesión a terceros de las labores de lavandería o mantenimiento de equipos en un hospital que la asignación de la propia gestión sanitaria, que es lo que pretende la Comunidad de Madrid. Como no sería lo mismo la externalización del servicio de maquillaje o de los enlaces por satélite en un medio audiovisual que dejar en manos de terceros la propia información o los criterios generales de programación.

Y es que, por mucho control que la Administración de turno quisiera llevar sobre el real cumplimiento de las condiciones en que se hubiese hecho la privatización o externalización de turno, la dinámica de actuación es inevitablemente distinta. Mientras una Administración o funcionario público tiende a pensar en lo mejor o en lo más conveniente para el administrado o usuario, una empresa privada tiende a hacerlo en término de beneficios. Y ello tiene sus evidentes consecuencias.

Valga otro ejemplo. ¿A qué tipo de profesionales –cabría preguntarse– tenderá a contratar un hospital privatizado: a los mejores o a los más baratos por razones de edad o procedencia geográfica? Y ello –que quede claro–, sin generalizar más de la cuenta y sin estigmatizar de entrada a nadie. Con todo, me quedo con la idea de que en este tipo de actuaciones siempre o casi siempre padece a la larga la calidad del servicio público.

PRIVATIZACIONES MÁS QUE POLÉMICAS

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