HASTA QUE LOS VOTOS NOS SEPAREN
El Presidente de la Xunta acaba de anunciar que presentará por tercera vez su candidatura al frente del Ejecutivo autonómico.
El Presidente de la Xunta acaba de anunciar que presentará por tercera vez su candidatura al frente del Ejecutivo autonómico.
En la reciente sentencia del conocido como “Caso Carrasco "
Legislar formalmente, o si se quiere sobre el papel, en el BOE, es fácil y barato, otra cosa es llevarlo a la práctica
Desde hace más de un lustro se viene discutiendo política
El Gobierno viene negociando con los registradores
En el reciente proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (13-03-2015) se sustituyen los famosos vocablos “imputado y acusado” por los de “investigado y encausado”.
Recientemente se publicó un artículo del Presidente del Consejo General de la Abogacía Española criticando los proyectos de reforma de la Justicia Gratuita y de los Colegios Profesionales.
“Angel face”, en castellano cara de ángel o cara bonita, es el título
El Ministro de Justicia acaba de indultar a un Guardia Civil que había sido condenado como autor de un delito de omisión del deber de perseguir delitos. La sentencia relata cómo el agente viajaba en tren junto a un amigo que profirió burlas de índole sexual contra una mujer, a la que después realizó tocamientos, llegando a agredir a una persona que intentó ayudarla.
En un capítulo del libro “Vademécum para abogados noveles” con que fueron obsequiados los nuevos colegiados en el acto de su jura como tales celebrado el 14 de marzo en el Colegio de A Coruña, obra firmada por el decano emérito del Colegio de de Sevilla, se recomienda sobre la vestimenta de las letradas:
El principio de “justicia universal” busca que no queden impunes determinados delitos “contra la humanidad” permitiendo a un Estado perseguirlos, investigarlos y enjuiciarlos, aunque se cometan fuera de su territorio y con independencia de la nacionalidad de su autor.
Según viejo dicho popular, para mover un burro no basta con golpearlo con un palo. Resulta más efectivo si, además, existe un incentivo: una zanahoria. La misma técnica utilizada hoy en los sectores del marketing, publicidad, deportes, política...
Un ejemplo palpable de una legislación surgida al margen de los dictados
Días antes de la declaración de la Infanta el Juez instructor del caso Nóos dictó una resolución prohibiendo el acceso a la misma con “cualquier dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos”.
En este país, cuando un ciudadano es citado a declarar en concepto de imputado el protocolo es sencillo y, según la Constitución, igual para todos.
Si algo hay que reconocerle al Sr. Gallardón es la maquiavélica capacidad que tuvo para hacer creer a la mayoría que poseía un talante liberal y moderno dentro de la derecha que para nada tenía que ver con su verdadera y demostrada condición ultraconservadora, alineado con la iglesia y las clases más pudientes, a quienes se viene dedicando a proteger a “capa y espada” con la implantación de una justicia para ricos y otra para pobres a base de nuevas y elevadísimas tasas judiciales para litigar, disparatados indultos, o normas, en suma, que como el reciente anteproyecto de ley del aborto hará “prácticamente imposible” abortar con garantías en España.
Frente al creciente malestar e indignación, fruto de una política ante la crisis consistente en recortes de servicios, derechos y libertades a la mayor parte de la sociedad, la respuesta de nuestros gobernantes es más criminalización y estigmatización de la protesta, que el ciudadano tenga miedo.
Que la Justicia va lenta, que necesita más infraestructuras, más personal, más material.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, es decir, donde se residencian aquellos procedimientos en los que no hay exactamente un conflicto entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resolución judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo.
La Constitución española reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado. Mandato constitucional que no se materializó hasta 1995, con la aprobación de la Ley del Jurado.