MARCADAS

Como la carne de ganado, así marcan los delincuentes a las jóvenes rumanas que traen ilegalmente obligándolas a mendigar por las calles. El nombre de su dueño les es tatuado en el dorso de la mano para que quede claro a quién pertenecen. Una red de explotadores rumanos de origen gitano fue descubierta hace unos días en Ferrol. Allí la Policía y los servicios especializados en la trata de seres humanos  liberaron a cinco chicas, cuatro de ellas de entre 14 y 17 años. Es la nueva forma de esclavitud de estas mafias organizadas dedicadas a uno de los delitos más execrables de nuestro tiempo: la trata. La agravante que lo hace aún más insoportable es que en la mayoría de los casos las víctimas son menores de edad.
En España la trata, cuyo objetivo final es la explotación de la persona en cualquiera de sus modalidades –sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos– es un delito castigado por el Código Penal. La legislación no sólo obliga a perseguir al tratante sino que además establece la protección de las víctimas, que en su gran mayoría son mujeres. A pesar de las condiciones infrahumanas a las que son sometidas estas niñas y mujeres suelen ser invisibles. Son muy pocas las que se atreven a denunciar por miedo a las represalias y ese pánico es el que les obliga a callar y aguantar. Las denuncias suelen venir de ONG que trabajan en este ámbito y, por tanto, cabe suponer que, a pesar de la labor policial, deben estar ocultas muchas otras redes amparadas por el silencio.
Por ello resulta difícil entender que tras la liberación de las cinco niñas y la detención de los siete delincuentes, la jueza les dejase en libertad con cargos. Seguramente la argumentación jurídica es impecable y con la ley en la mano es lo que debía hacer. Pero me revuelve la conciencia que esta calaña que trafica con chiquillas inocentes, que se las lleva de la pobreza en la que viven en sus países de origen para traerlas a vivir un infierno esclavista, salgan a la calle y vuelvan a montarse en sus BMW. Algo no funciona bien si esa calaña no va directamente a la cárcel.
Me cuesta entender que uno de los crímenes que más nos debe avergonzar, la esclavitud y el tráfico de personas, pueda gozar de alguno de los privilegios de la ley. Me sorprende que estos delitos, sobre todo cuando son cometidos sobre niños, no cuenten, desde el minuto uno, con el máximo castigo que permite el Estado de derecho. No dudo de que  la justicia les acabará metiendo en la cárcel, mal estaríamos si así no fuese, pero me parece que deberían aguardar el juicio donde esperemos pasen muchos años, en la cárcel.
(*) Carla Reyes Uschinsky es presidenta de
 Executivas de Galicia