El comercio del saber

Todos los hombre tienten, por naturaleza, afán o deseo de saber, dice Aristóteles en su Metafísica y, para el filósofo Josep María Esquirol, “los infinitivos de la vida se reducen a dos: amar y pensar”. Estas dos actitudes del ser humano se fusionan en el concepto de filosofía o amor a la sabiduría y filósofo o amante del saber, pues es evidente que, en el acto de pensar se produce cierto enamoramiento o admiración por ensanchar los límites de nuestra razón y necesidad de pensar.
Solo cuando el hombre, además de “ser vivo” se convierte en “homo sapiens”, es decir, ser existente y ser pensante, se cumple la doble exigencia de la condición humana como la entendió Descartes, al proclamar su famoso principio “pienso, luego existo”.
Dada esa tendencia natural del ser humano por aumentar su conocimiento y la capacidad intelectual para lograrlo, es lógico que despierte el legítimo interés de las personas por alcanzar los más altos niveles de preparación y sabiduría y, en consecuencia, recibir y obtener los títulos y acreditaciones técnicas, científicas y académicas que confirmen su merito y esfuerzo y el correspondiente aprecio y estima de la sociedad.
Si las titulaciones del saber premian la meritocracia, es decir, son el reconocimiento objetivo al mérito, esfuerzo, capacidad y sacrificio de sus poseedores, resulta un escarnio y un fraude social que puedan existir formas corruptas o torticeras de concederlas y adquirirlas.
Esta preocupación por el valor y crédito de los títulos se agravó recientemente en España en el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y las irregularidades observadas y denunciadas en relación con su máster. Y no puede extrañarnos la alerta que ha despertado ese caso, pues en España se ofertan, actualmente, 3.540 másteres, es decir, 1.000 más que en el año 2011.
Si se pone en duda o tela de juicio la seriedad de la institución académica y la honestidad del sector docente, el daño afecta a todos los ámbitos del conocimiento.
La meritocracia no debe ser objeto de “mercadeo”, ni de prebenda al servicio del poder o de los sectores más influyentes de la sociedad.
Con motivo de ese escándalo, los rectores de las universidades públicas se apresuraron a manifestar que el sistema universitario público español es “riguroso y de calidad” y el único que garantiza el acceso en condiciones de igualdad a la educación superior.
Eso es lo que la sociedad exige del mundo académico y docente, que el saber se adquiera y se reconozca con objetividad, rectitud, honestidad y sin otros condicionantes o influencias externas.
El saber no debe saber de favoritismo, influencias o amiguismo. Los títulos no deben servir de mercancía para obtener favores o beneficios.