Abogados y tasas

El 20 de noviembre se manifestaron, en la plaza de Galicia de La Coruña, y ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, un gran número de abogados del Colegio de esta provincia, presididos por su decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda, y miembros de la junta de gobierno, para expresar su repulsa y desagrado por la implantación, hace ahora un año, de las tasas judiciales, que han confirmado, según los letrados, los peores augurios sobre su aplicación.
Ante numeroso público, leyó el manifiesto el veterano abogado Liaño Flores, que destacó las graves consecuencias que se han derivado de la imposición de esas tasas en los procedimientos judiciales, hurtando a los tribunales de justicia el imprescindible conocimiento de la realidad social a través de los asuntos que no han podido plantearse por los que más lo necesitaban, ante el costo inasumible de esas tasas, con las que no se ha penalizado el mal uso y abuso de la justicia, porque los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna mengua en el ejercicio de sus derechos, cosa que, en cambio, sí sufren los menos pudientes.
Siguió diciendo Liaño que se ha favorecido el abuso y la impunidad de las administraciones públicas, que están exentas del pago de dichas tasas, lo que ha constituido una injusta barrera para el acceso a los juzgados y una considerable brecha en el Estado de Derecho, privándose a miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, añadió Liaño, se ha incumplido el compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita, a la que cada día acuden en toda España miles de ciudadanos, por su carencia de medios económicos, que son defendidos por abogados que perciben, cuando la perciben, una retribución misérrima. Ni siquiera se sabe cuál ha sido el destino de los ingresos obtenidos por esas tasas. Denunció también, la pésima gestión de esos ingresos, de los que no sabemos su fin, y que demuestra la descoordinación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda.