¿Y si consiguen anular las elecciones en Cataluña?

 

Para poder ir hacia una normalización en Cataluña es imprescindible que Torra deje de estar al frente de la Generalitat. Da casi igual quién le sustituya, incluyendo algún dirigente de Esquerra Republicana. Esto no lo dice (solamente) quien suscribe: se lo escuché hace dos días a un personaje que ha desempeñado muy altas responsabilidades en el Estado y que, como todos, se sentía altamente aprensivo ante lo que pudiese ocurrir en esa Comunidad, primero con la visita del Rey y luego con las acciones más o menos violentas que preparan sectores extra sistema para tratar de impedir la normal votación de los catalanes el domingo.

Mis interlocutores más realistas admiten que probablemente una votación por debajo del cuarenta por ciento en Cataluña, porque a los electores se les ha impedido, mediante la coacción o la violencia, introducir su papeleta en las urnas, podría conducir a nada menos que la invalidación de las elecciones en el territorio catalán, en todo o en parte. Y no es difícil deducir las consecuencias que de este supuesto inconstitucional máximo, confío que remoto, pero posible, se seguirían.

Entre ellas, se estudia ya la posible variación en el número de escaños, lo que cambiaría la correlación de fuerzas, posibilitando la victoria, a escala nacional, de la derecha, que en Cataluña obtendrá, en todo caso, poca representación.

No resulta difícil imaginar en qué pararía el enorme escándalo que, en el fondo, buscan Torra y otros responsables de la Generalitat, aunque se esfuercen en aparentar que nada tienen que ver ni con la CUP, ni con los CDR ni con el aún misterioso Tsunami, ni con otras organizaciones tras la posible violencia callejera. El conjunto del proceso electoral quedaría viciado, el escándalo internacional sería máximo y la inevitable actuación de las fuerzas policiales en los colegios electorales el 10-N son factores que pavimentarían los gritos victimistas del peor independentismo, el de JperCat, que vería, además, cercenado el camino de su rival, Esquerra, hacia la victoria en las urnas y hacia un posible, no sé si probable, pacto con el Estado.

Un panorama ciertamente preocupante, que debate alguno ha llegado a poner de manifiesto en toda su crudeza: hay fuerzas políticas que, obviamente sin desear que ocurra lo peor, contemplan un posible resbalón del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en materia de seguridad, que es algo que tampoco dejaría de tener un efecto negativo en la votación del Partido Socialista.

No se trata desde aquí, obviamente, de hacer catastrofismo, sino de instar, desde un realismo algo angustiado, a la prevención. Si al Gobierno, es decir al sistema, se le va la situación de las manos por culpa de unos centenares, o unos pocos miles, de agitadores callejeros, que actúan ante la desesperación de una inmensa mayoría de catalanes, es posible que también, digan lo que sigan las encuestas, se le vayan de las manos las elecciones. Es lo que quieren los de ‘cuanto peor, mejor’. Y lo peor es que no da la impresión de que Pedro Sánchez sepa muy bien, al margen de llenar de policías y guardias civiles las calles de las ciudades catalanas, cómo frenar este dislate superlativo, que a los primeros que perjudicaría sería a los propios catalanes.

La situación es, pues, bastante peor que aquel 1 de octubre de hace dos años. Porque las consecuencias de un triunfo en las calles de esos jóvenes enloquecidos que ya llenaron Barcelona y otras capitales catalanas de luctuosas imágenes en llamas, serían, como se ve, bastante más graves aún.

Y no, cómo atajar eso no se explica en los debates. Por parte de nadie. Quizá porque no haya explicación, y el mero uso de la represión no es, a mi juicio, la mejor solución para acabar con esto que empieza ya a ser una pesadilla. De momento, ya digo, quitar a Torra de ahí es un primer paso necesario. Después... Veremos.

¿Y si consiguen anular las elecciones en Cataluña?

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