• Viernes, 21 de Septiembre de 2018

Contra la prisión permanente

Se entiende que dos millones de españoles hayan firmado a favor de mantener la prisión permanente revisable, que aprobó el PP en 2015 y que ahora va a ampliar a otros delitos.

Se entiende que dos millones de españoles hayan firmado a favor de mantener la prisión permanente revisable, que aprobó el PP en 2015 y que ahora va a ampliar a otros delitos. Se comprende que los padres de Diana Quer y otros que han sufrido la violencia criminal de algunos delincuentes pidan que se mantenga. Esos crímenes nos conmovieron a todos. Pero también hay muchas razones para pedir la derogación de esa pena y rechazar el populismo partidista punitivo que, para ganar espacio político, apuesta solo por la seguridad o por un aprovechamiento o electoral de un dolor terrible 
Es, también, un problema de desinformación social y un desinterés general porque haya un debate sobre este tema. Seguramente poca gente sabe que España tiene uno de los índices de delincuencia más bajos de Europa y una de las mayores poblaciones reclusas con períodos de estancia media en prisión que triplican las de otras democracias europeas. O que el Código Penal permite el cumplimiento efectivo de penas de hasta 40 años. O que cuando se ha informado de que el mantenimiento de un delincuente en la cárcel nos cuesta 30.000 euros al año, algunos de los que están a favor de esta cadena perpetua de hecho han dicho que, entonces, mejor no, que ellos no quieren pagar eso. Casi todos desconocen que un 25% de la población reclusa tiene problemas de salud mental y que, en la mayor parte de los casos, eso es producto de la prisión y de la falta de medios para lo que marca la Constitución y nos debería interesar a todos que es la reinserción de los que delinquen.
Y, además, la mal llamada prisión permanente revisable es en opinión de muchos inconstitucional. Es contraria a los artículos 10, 15 y 25 y ha sido recurrida ante el Constitucional que tarda demasiado en pronunciarse. La Constitución establece que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados y, por tanto, toda pena que no cumpla este requisito atenta contra la dignidad de la persona y contra la Carta Magna, que repudia cualquier trato degradante e inhumano. Las personas encarceladas pierden la libertad y muchos de sus derechos, pero no todos. Y nunca para siempre. Así lo pensaron los ponentes constitucionales.
Al menos habría que esperar hasta que se pronuncie el TC: Aprovechar la alarma social por hechos repulsivos y tan graves no justifica un endurecimiento de las pena. Y no garantiza que se reduzcan estos crímenes. Hace muchas décadas España dio un paso al frente al abolir la pena de muerte y la cadena perpetua. Fue una conquista de humanidad. Podemos vivir de espaldas a la cárcel. De hecho, vivimos de espaldas a esa realidad y, además, no queremos que nos cuenten qué pasa dentro. Y podemos endurecer las penas todo lo que sea posible. Tal vez deberíamos reclamar estudios y medios de verdad para que alguien que ha cometido un delito sea resocializado de verdad y, si es preciso, vigilado cuando ha cumplido su pena. Preferimos apostar por encerrarlos para siempre y aumentar el número de delitos a los que aplicar este castigo. Es como volver al ojo por ojo. Ni el Estado ni los ciudadanos tienen derecho a arrebatar a nadie ni su vida ni su total libertad. Hay que reflexionar sobre ello.