Las reformas educativas

Cuando los socialistas llegan al Gobierno tienen una obsesión, la de poner en marcha otra reforma educativa. Por supuesto, si el Gobierno del PP ha cambiado algo de lo que los gobiernos socialistas habían emprendido, les falta tiempo para demolerlo. Pero incluso reforman las reformas que ellos mismos han hecho. Ahora este Gobierno “provisional y transitorio” va a poner en marcha la octava reforma educativa en cuarenta años. No salimos ni a una media de cinco años por reforma y solo dos han tenido la firma del PP, la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación y la Ley Wert, que ni siquiera entró en vigor. Todas las demás “made in PSOE”. En 28 de los últimos 33 años han estado vigentes las leyes socialistas. Los resultados, como comprobamos en los rankings y en las cifras de fracaso y abandono escolar, en el descenso permanente de los niveles de exigencia son mejorables, seguramente porque casi todas las reformas han sido más ideológicas que educativas. Eso sin hablar del contrasentido de tener casi el triple de estudiantes universitarios que de Formación Profesional.
Ahora vamos a por la siguiente, por supuesto, con un Gobierno socialista. En unos días empezará el debate con un proyecto que no mejora nada, sino que reduce la exigencia, elimina todos los cambios introducidos por el PP y limita, eso sí el papel de la escuela concertada y de la religión en la escuela. No importa que este sea el Gobierno más débil de la democracia, que el PSOE solo tenga 84 escaños y que necesite los votos, todos, de Unidos Podemos, PNV, los independentistas catalanes, Bildu, etc., con el precio que tenga que pagar por ello. Y, por supuesto, sin intentar ni querer un acuerdo con PP y Ciudadanos. Si sale adelante, que no es fácil, volverá a ser una ley “contra” y no una reforma para elevar la baja calidad de la educación en España.
Hay ejemplos que demuestran que se pueden hacer otras cosas. Hace poco coincidían en un debate, cuatro de los ministros de Sanidad que ha tenido este país. Tres del PP, Ana Pastor, José Manuel Romay y Enrique Sánchez de León, y uno del PSOE, Julián García Vargas. Resulta que sigue en vigor La Ley General de Sanidad, que data de 1986 –socialista, impulsada por Ernest Lluch– y las de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y de Ordenación de las Profesiones Sanitarias –ambas de 2003, en la etapa de Ana Pastor, del PP– y sucede que la sanidad española, con todos sus problemas es una de las mejores del mundo, con cobertura universal, que atiende a todos los ciudadanos sin distinguir por renta, origen social y sin que nadie tenga que ahorrar por si se pone malo, como sucedía antes y como sucede hoy en muchos países desarrollados y democráticos.
¿Por qué se puede conseguir en sanidad y no en educación? En 32 años de vigencia de la Ley General de Sanidad ha habido cuatro leyes de educación. Un disparate sin paliativos. Afrontar de nuevo otra reforma, sin el suficiente consenso, sin el debate imprescindible con la comunidad educativa, sin afrontar en serio problemas como la selección del profesorado y su actualización permanente, y con la voluntad de reducir al mínimo la concertada, entre otras muchas cosas, es un grave error que pagaremos, si triunfa, con peores resultados educativos. Y eso es para toda la vida.