Colgando las togas

Recientemente se publicó un artículo del Presidente del Consejo General de la Abogacía Española criticando los proyectos de reforma de la Justicia Gratuita y de los Colegios Profesionales. Confeccionados sin debate y desde la desconfianza hacia el ciudadano y su abogado. Ciudadano al que limitan el número de peticiones sin pensar que, en estos tiempos de crisis, puede verse inmerso en un despido, impagos, multas, divorcio… y deberá reiterar la petición ante el Colegio de Abogados si el pleito dura más de un año, o recurre una sentencia. Abogados a dos euros la hora, pagados con un año de retraso, o impagados si al defendido finalmente se le deniega la justicia gratuita a poco que sus ingresos superen el límite para su concesión; resultando esperpéntico pretender que puedan intervenir en cualquier ciudad de España a costa de tan miserable retribución.
Se pregunta si debe un Estado de derecho, en el que el acceso universal a la justicia es un pilar esencial e indispensable para su supervivencia, dificultar el acceso de quienes lo necesitan imperiosamente, maltratar a quienes hacen de la defensa de los derechos de los ciudadanos su profesión e incluso su razón de vida y burocratizar uno de los servicios que mejor funciona.
Si se pueden emprender estas reformas pretiriendo a los afectados. Y advierte que, así las cosas, éstas acaban sin entrar en vigor o cambiadas por el gobierno siguiente, aunque el daño realizado no pueda evitarse totalmente.
Muchos abogados, muchísimos, consideran que, a estas alturas de absoluta pérdida de respeto al colectivo por parte del poder político, este tipo de críticas a sus arbitrarias normas son totalmente inanes per se a los efectos de impresionar positivamente a un Gobierno endiosado con su mayoría absoluta, y la prepotencia de su “brazo ejecutor”; como se constató con la implantación de las abusivas tasas judiciales.
Una flaqueza esperar que otro gobierno venga a derogarlas, y, entre tanto, que las clases media y trabajadora vean obliterado su derecho a la Justicia, y los Colegios profesionales y sus colegiados hundiéndose económicamente. Que la última ratio es “colgar la toga” y que se la ponga el Sr. Gallardón, que sea él quien, a dos euros la hora, defienda al ciudadano en los miles de pleitos que diariamente se juzgan en España.

Colgando las togas

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