El último indulto de Gallardón

El Ministro de Justicia acaba de indultar a un Guardia Civil que había sido condenado como autor de un delito de omisión del deber de perseguir delitos. La sentencia relata cómo el agente viajaba en tren junto a un amigo que profirió burlas de índole sexual contra una mujer, a la que después realizó tocamientos, llegando a agredir a una persona que intentó ayudarla. El agente, en lugar de socorrerla, grabó la escena con un teléfono móvil mientras se reía de la víctima. El autor directo sería condenado por un delito contra la libertad sexual y una falta de lesiones. Al indirecto, ya livianamente condenado a una pena de inhabilitación de seis meses, el ministro se la rebaja a la de multa de 500 euros, lo que le permitirá seguir en el benemérito cuerpo.
No es el único privilegiado por este tipo de indultos “ad hoc” que escandalizan a una opinión pública ya acostumbrada al escándalo diario. Recordemos el del homicida conductor kamikaze; o el de los mossos d´esquadra que confundiendo a un ciudadano con un atracador, asaltaron su casa, trataron de forma degradante a su mujer, embarazada de tres meses, lo apalearon y le pusieron una pistola en la boca amenazando con dispararle.
Pero más allá de la conmoción que por el perdón de un homicidio, la vulneración de la libertad sexual o la integridad moral y física, pueda causar a los ciudadanos, el asunto se enrarece todavía más cuando el indulto se desnaturaliza y, lejos de ser una manifestación de la justicia y la equidad, se convierte en la manifestación suprema de la corrupción del poder, dada la corrupta sombra que aparentemente cubre estos casos. Y es que, vaya casualidad, el padre del guardia civil es concejal del partido gobernante y secretario general del mismo en el ayuntamiento donde residen; el abogado del kamikaze homicida, miembro del bufete donde trabaja un hijo del propio Ministro, y hermano de un diputado del mismo partido, que fue número dos del mismo Ministerio; y la petición del indulto de los mossos venía respaldada por la propia Generalitat…
En fin, así las cosas, parece tener razón el Tribunal Supremo al criticar esta institución, “herencia del absolutismo”, que no requiere la más mínima justificación por parte del Gobierno

El último indulto de Gallardón

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