Cese de funcionarios

Hace un par de meses, un juez, ordenaba el cese de 161 funcionarios que fueron nombrados por la denominada Comisión de Servicio, así lo hacía constar mediante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2, de esta ciudad. El cual decretaba su inmediato cese de aquellos, al considerar nulo el mantenimiento de las comisiones de servicios de más de dos años, esta situación fue denunciada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) Los cuales deberán regresar a los puestos que tenían antes de su nombramiento.

Esta comisión de servicio, funcionaba como una entidad que aprovisionaba los puestos de trabajo en casos de urgencia inaplazable, en el que se nombraba el personal de forma amigable, esto es a simple dedo. Esta situación solo permitía el que se mantuviera por espacio de dos año, no más. Ahora bien, la sentencia no es firme y el Consistorio coruñés, ya anuncio su recurso y además tendrá que asumir los costes del proceso, poco le importa a la municipalidad, si estos se pagan con el dinero del contribuyente, no lo asumen de forma personal, si esto fuese así, las decisiones se tomarían de otra manera, pero como alguien del partido socialista en su momento dijo; “Que el dinero público no era de nadie”, así nos va y cada vez peor.

Según informes de la CIG, el problema arranca en 2010, en que fueron nombrados 20 funcionarios de los 161, con los socialistas y bloque galego, pero el gran salto se dio con el gabinete de los populares que nombrado otros 72 más, y la Marea, hizo un nombramiento de 69, en los tres últimos años, de los cuales 39 se nombraron el pasado año y unas semanas antes de darse a conocer esta sentencia, habían nombrado ocho más, en la misma situación de amiguismo.

Lo normal sería anular estas comisiones y convocar nuevas plazas o cambiar la legislación de acceso a la función pública y contratar a la gente que se haya en el paro y que reúna las condiciones para desempeñar el puesto, sería también una solución para que las cifras de desempleo bajasen y a su vez cambiase algo en la función pública en beneficio de los ciudadanos y no del perenne amiguismo.

El Ayuntamiento tiene su propia explicación y siempre carga las tintas sobre los demás, no le falta razón, pero tampoco la tiene toda, sino en parte. 

Alegan que llevan tres años trabajando para acabar con esta situación, pero han colocado a 69 en esa función, por lo tanto se considera una excusa banal, no hubo concurso de traslado de funcionarios, desde hace diez años, pero se pudo recurrir a la interinidad de la contratación de personal laboral y no se hizo, como que tendría que haber cada dos años dichos traslados, quién dice dos, puede decir; unos meses. La solución está en revisar y poner al día la vieja ley de la contratación de los funcionarios y que estos pasen a ser trabajadores públicos con contrato según la función a realizar. 
Pero no escudarse en un viejo problema y sobre todo en una ley que se queda lejana en el tiempo y no se asemeja a los tiempos actuales, todo tiene que cambiar para que las cosas funcionen y no cambiar para seguir igual.