• Jueves, 20 de Septiembre de 2018

El desafío catalán a la Justicia

El Tribunal Superior de Cataluña está dispuesto a enjuiciar a Artur Más por la consulta populista realizada el 9 de noviembre de 2014, cuando el alto tribunal la declaró ilegal conforme a derecho.

 

El Tribunal Superior de Cataluña está dispuesto a enjuiciar a Artur Más por la consulta populista realizada el 9 de noviembre de 2014, cuando el alto tribunal la declaró ilegal conforme a derecho, algo que al presidente autonómico no le importó y ahora se ven las consecuencias de su tozudez. Pero aquí no terminan los dimes y diretes y todavía cree que le asiste la razón (su razón). Eso sí se librará de momento de ser condenado a la pena de cárcel al no ser acusado de malversación de caudales públicos, por lo que se enfrenta a una posible sentencia de inhabilitación de unos diez años. No será el único que se siente en el banquillo; estará acompañado por otros dos componentes de su gobierno, Juana Ortega, exvicepresidenta, y su consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por desobediencia grave y prevaricación.
Hasta aquí todo sería normal, en un trámite inicial, en el que los tres encausados fueron más allá de lo permitido por la ley. Nadie está por encima de la ley, ni tampoco de la Constitución. Cuando fueron elegidos para sus puestos juraron o prometieron cumplir la ley y guardar y hacer guardar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir. Cosa que no hicieron, sino que la relegaron por excusable, con una huida hacia delante, prevaricando en su función como representante del Gobierno regional, lo mismo que sus afines ideológicas.
Lo más grave es el desafío que Puigdemont, actual presidente autonómico, lanza a la institución judicial con un órdago que tendrá consecuencias para quien desafía al alto tribunal. Aunque Puigdemont les replique a los jueces que “habrá consecuencias”. Si las hay, estas se volverán contra él, como la fuerza de un bumerang. La rabia hay que contenerla y saber en dónde se está y a lo que se enfrenta. Las actuaciones judiciales se respetan y se acatan en un Estado de Derecho, salvo que se esté pensando en fundar un mini Estado totalitario; a raíz de sus declaraciones todo es posible, pues ha tildado a los jueces de tomar una “decisión errónea” al llevar a juicio a Artur Mas.
Ni se puede ni se debe en el ámbito judicial hacer política y sí dejar hacer a los magistrados su trabajo. Lo que tampoco puede decir Puigdemont es que “ya veremos cuáles, no nos limitaremos a hacer un comunicado de prensa de condena”. Esto no solo es una injerencia política a destiempo, sino una solapada amenaza a dicho tribunal, el cual tomará nota y advertirá de algún modo a Puigdemont de cuáles son sus obligaciones y sus límites, quedando a su vez en mala posición política como persona de talante democrático, si alguna vez lo fue.
Se juzga a Artur Mas por lo que hizo y no por ser un demócrata. No se deben confundir los términos ni tampoco embarrarlos para no recoger de aquellos barros estos lodos. Aunque no es el único que ataca duramente al alto tribunal, en la misma línea está la vicepresidenta Neus Munté, la cual tampoco se librará de ser encausada por desobediencia llegado el momento. Al parecer tiene fobia a vivir en democracia y pretende alcanzar la utopía de un sueño irrealizable. No se puede amenazar continuamente a los órganos de la justicia, porque algún día esta demostrará toda la fuerza de su razón y no la razón de la fuerza que usa el poder político catalán.