LOS NÚCLEOS RURALES Y EL LIMBO DE COSTAS

Las leyes en España se hacen y cuando se llevan a efecto se hace con retroactividad. Esto es lo que acontece con la Ley de Costas, que, pese a ser de nuevo cuño, afecta a núcleos rurales que llevan más de una centuria en su sitio y hasta este momento en que Costas dice que le pertenece, nadie había dicho ni palabra sobre el tema. Es algo que hay que corregir para que siente jurisprudencia y no quedar desamparado ante la puesta en marcha de cualquier otra ley que se apruebe en el Parlamento y siente cátedra contra la sociedad sin amparo alguno, lo que deja al descubierto lo débiles que son los contratos notariales.
Esta polémica ley se reformó en el año 2013, pero dejó sin respuesta la demanda de Galicia de reconocer la historia de sus núcleos rurales en el litoral, muchos de ellos al borde mismo del mar. Tan solo se habilitó una salida de emergencia de regularizar muchas viviendas construidas antes de la norma aprobada en 1988 y que la Xunta estima que pueblan zonas de servidumbre. Esta situación llevó al menos a 34 concejos a rebajar la zona de los cien metros exigibles a solo 20 que permite su reforma. En esta situación hay un total de 255 núcleos que cumplían la normativa de edificabilidad. El problema está en las 4.500 casas levantadas de forma tradicional en dichos núcleos que se hayan en el limbo pasajero de costas.
El organismo encargado de tramitar el cumplimiento de la polémica ley no es otro que Medio Ambiente, el cual reclama cada vez más documentos a sus propietarios, mientras que en otros casos simplemente deniega lo solicitado. Solo en unos pocos se ha resuelto positivamente el problema que la propia ley ha creado de la nada. Lo curioso es que algunos lugares tenían ya reconocida dicha franja de los 20 metros. Es el caso de Combarro, Mogor, Loira y Aguete, en Marín, donde fue preciso hacer un trabajo de campo para que fuese reconocido. Otras parroquias están recibiendo la negativa a las solicitudes que cursaron ante Costas, dejando en el limbo a casas construidas hace más de 50 años, dándose el caso de que algunas están bajo orden judicial de demolición, lo que siembra la duda sobre lo que pueda venir a otros muchos pueblos pendientes de los deslindes en la costa gallega, que afecta a las viviendas que existen entre Baiona y Ribadeo. Este tema en Galicia debe ocupar un puesto principal en la agenda legislativa de la futura Xunta y en la la campaña para las generales, porque afecta a todos los ciudadanos. Ahora son los núcleos rurales, pero le tocará a las ciudades.