La oficina anticorrupción

Nada hay más corrosivo para la democracia que la corrupción y los partidos políticos tienen a su alcance, entre otras, tres medidas para erradicarla: una, seleccionar con más rigor a los candidatos; dos, endurecer leyes con penas severas -algo se hizo en este sentido-, incluida la obligación de devolver lo robado.
La tercera medida, inédita hasta ahora, es la que prevé tomar el Partido Popular, uno de los más afectados por esa lacra: la creación de una oficina anticorrupción que fiscalice la situación patrimonial y financiera de sus cargos para prevenir la aparición de nuevos casos de corrupción.
La “oficina del cargo popular”, si se concreta el proyecto, permitirá identificar cualquier cambio patrimonial sospechoso en los dirigentes del partido. Afectará a los miembros de la junta directiva nacional y tendrá la réplica regional para “investigar” a los candidatos a elecciones autonómicas y municipales aplicándoles un “filtro de idoneidad” previo al seguimiento posterior.
Parece una iniciativa plausible que, de existir antes, hubiera evitado a ese partido tantos casos de corrupción que hoy están en los juzgados. Añado algo más: esta “vigilancia” a los políticos propios es el mejor remedio anticorrupción y, con los matices de rigor, viene a ser lo equivalente a la función de supervisión y control que ejercen las empresas para garantizar los procesos productivos y su propia reputación. Por tanto, es una medida que deberían implantar todos los partidos porque la corrupción es transversal y afecta a todos en mayor o menor medida.
Tampoco sería una medida extraña. La Hacienda Pública busca nichos de fraude siguiendo el rastro de signos externos de riqueza y los partidos políticos tienen sobradas razones para imitar al fisco, que obtiene buenos resultados, siguiendo a sus candidatos, siempre dentro de la ley,
Todos conocemos a individuos que en su actividad profesional privada no superaban el sueldo medio y su paso por la política obró el milagro de convertirlos en ciudadanos acomodados viviendo en la abundancia sin ruborizarse siquiera ante los vecinos que conocían su trayectoria profesional y su capacidad económica.
Ahora bien, la oficina anticorrupción solo será eficiente con una condición: que los fiscalizadores tengan poder para actuar con contundencia cuando detecten enriquecimientos inexplicables, aquellos que no se pueden alcanzar con el salario que se percibe en el desempeño de cargos públicos. Que no son pocos.

La oficina anticorrupción

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