Queremos saber

El viernes se conocieron cuatro correos fechados entre abril y mayo de 2011 en los que el coordinador de los inspectores del Banco de España en Caja Madrid-Bankia informaba a sus superiores de la mala situación económico-financiera del grupo Banco Financiero y de Ahorros-Bankia y advertía de que sacar a Bolsa a Bankia con las cuentas tan deterioradas acabaría obligando al Estado al rescate de la entidad. 
Si el gobernador del Banco de España Fernández Ordoñez le hiciera caso se hubiera evitado la estafa a miles de ahorradores –muchos gallegos–, que compraron acciones de la entidad fiándose de la información avalada por el Banco emisor y la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y se hubiera aminorado el rescate de 22.400 millones que Bankia recibió un año después. Pero los señores Ordoñez y Segura despreciaron los avisos del técnico que sabía de qué hablaba.  
Bankia estaba entonces en el centro del escenario. Pero la dejación de funciones del Banco de España fue una constante antes y después de la crisis del sistema financiero. Denunciaron los inspectores que “el Banco de España ‘miró a otro lado’ ante los indicios de delito en las cajas”, y que “el Banco de España alteraba las conclusiones de la inspección”. Es decir, cada uno hacía lo que quería y el resultado fue la quiebra de las cajas.
¿Reacciones a estas “denuncias? La prometida investigación del fiscal general Torres Dulce quedó envuelta en un espeso manto de silencio y el FROB se inhibió para no “estigmatizar” y someter a “pena de telediario” a Ordoñez y Segura. 
Conocida esta desidia, está bien que la Audiencia Nacional busque los 15 millones de las tarjetas black, pero solivianta los ánimos que no se investigue por qué se perdieron los 22.385 millones restantes. Y nadie, ni en Economía, ni en el FROB, ni en Hacienda tiene el mínimo interés en investigar la actuación de Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía. 
Si la justicia no sienta a quienes teniendo que supervisar consintieron tantos desmanes de gestión en las cajas –igual que a los políticos que concedían obras y a las constructoras que pagaban mordidas en la Gürtel– se cerrará en falso este capítulo negro de la historia del país.  
¿Sabremos la verdad algún día? Queremos saberla. Pero hace dos años el presidente del Tribunal Supremo dijo que “la ley está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador ni para los casos de tanta corrupción”. Y parece que en esas seguimos. 

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