Políticas redistributivas

El incremento de la desigualdad, acompañado de la caída de las rentas ha generado situaciones de pobreza y exclusión social que parecían desterradas de nuestra sociedad. También los niveles de desigualdad se sitúan en máximos históricos. 
La UE siempre ha estado comprometida con la reducción de la pobreza y la exclusión social. Actualmente, según algunos expertos, requerirá un cambio en las políticas económicas, cuyo punto de partida deberá ser el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos frente a los grandes índices macroeconómicos.  Lo importante tendrá que ser garantizar el acceso a un nivel mínimo de renta que     satisfaga las necesidades básicas de la persona, haciendo efectiva la libertad de elegir la vida que los individuos quieran, proporcionándoles protección frente a los riesgos de carácter económico y personal. 
Para que esto pueda ser realidad las administraciones tienen que mantener un peso decisivo en el gasto de protección social. Todo ello a través de una política redistributiva valiente para que los servicios públicos recibidos no dependan de la renta de las familias sino de sus necesidades. Por tanto, nuestros gobernantes tienen que ser conscientes de que para garantizar el estado de bienestar no solo es necesario la previsión financiera sino tener una clara voluntad política. Lógicamente, este estado de bienestar tiene que estar garantizado en todo el territorio español. La Constitución establece el compromiso de hacer compatible la diversidad territorial con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos, en especial los fundamentales.