La Justicia que no es justa

Andan últimamente los jueces de un poético subido. El último ejemplo de esta nueva moda se producirá el próximo miércoles. Ese es el día elegido para proceder a la lectura de la sentencia del juicio del “Prestige”. Se escoge esa fecha para hacerla coincidir con el hundimiento del petrolero. Eso sí, once años después de la catástrofe, con lo que el gesto suena más bien a broma de mal gusto.
La justicia, cuando se toma semejantes tiempos, deja de ser justa. No es de recibo que los acusados vean sus vidas condicionadas durante tanto tiempo, como tampoco lo es que las víctimas tarden más de una década en ser resarcidas, si así lo decide la sentencia.
No se trata de acusar a sus señorías de vagos. Ellos ya tienen bastante con lo suyo. Estas dilaciones son el resultado de un sistema obsoleto y falto de medios, en el que la informatización sigue siendo una especie de utopía y en el que los tiempos se rigen por cánones diferentes a los del resto de la ciudadanía.
Ahora que está abierto el debate sobre la limpieza de la vida pública, con frecuencia se habla de la conveniencia de que un político, al ser imputado, tenga que abandonar su cargo. Esta opción deja de ser razonable cuando la decisión judicial última se dilata en el tiempo hasta la eternidad.
Es insostenible que la actuación de un determinado servidor público permanezca durante cinco, siete o quince años en la picota y lo es porque si es un caradura puede dedicarse durante ese tiempo a seguir expoliando a su antojo y, porque si no lo es, no tiene por qué soportar el escarnio que provoca la sospecha sobre su actuación.
Y lo peor de todo es cómo se le explica a una víctima de un acto terrorista o de una violación la pasmosa rapidez con la que se ha aplicado la sentencia de Estrasburgo que tumba la doctrina Parot y la eternidad que ellos tuvieron que esperar para ver a los culpables de su dolor encarcelados y a buen recaudo.
La crisis, que es muy mala, se lleva las culpas de la falta de inversión, pero no deja de ser una estúpida demagogia asegurar que no hay dinero para Sanidad, Educación o Justicia, y seguir gastando a manos llenas en asesores, coches oficiales o embajadas autonómicas en el exterior.
El dinero, por poco que sea, siempre se puede gastar de un modo más racional. Y si no saben, que se lo pregunten a cualquier jubilado, que con la paupérrima pensión que le han dejado es capaz de sobrevivir.