Y por encima el coronavirus!

Esta claro que el Estado español no está preparado para cumplir con las leyes que se dan. El gobierno aprueba, por ejemplo, “el ingreso mínimo vital” para las familias más vulnerables pero la maquinaria administrativa no da para más. De las 900.000 solicitudes solo se despacharon 86.000, por lo que a este paso llevará más de un año tramitarlas todas con lo cual es posible que muchos/as solicitantes estén muertos de hambre cuando lleguen.

Pasa como con la justicia, muchas sentencias llegan después de muertos.

Si vamos al resto de los servicios públicos pasa lo mismo. Contestan tarde, si lo hacen, y sin motivar tal como la dice la Ley.

Nuestras administraciones cada vez son menos eficientes por falta de personal y no de material, de eso se encargan los comisionistas. Mucha tecnología pero poca energía y organización porque hay departamentos estanco y nulo I+D.

Decíamos que teníamos la mejor sanidad del mundo pero se vieron las carencias por falta de personal sanitario. Lo mismo está pasando en la enseñanza por falta de personal.

Aquí lo que mejor funciona es la recaudación de impuestos a los de abajo, los más ricos los amnistían, o los llaman para negociar  cuando quieren pagar al ser cogidos por autoridades de fuera de España con dinero en paraísos fiscales.

Hace años que los servicios públicos y el aparato del Estado se viene debilitando. Cuando un responsable público sea político o funcionario, comete irregularidades y fraude, si alguien denuncia como delito, la justicia reconoce ilegalidad administrativa pero no delito justificando que hacer pagos ilegales es habitual en todas partes a pesar de que intervención hizo constar la ilegalidad. Las obras y servicios adjudicadas a dedo sin contrato a empresas pueden llevar a la corrupción por omitir las normas para evitarla. Un alcalde después de levantar cientos de reparos como norma general con informar al pleno ya está, sin poder ser debatidos ni votados. Otra tropelía se viene practicando como reconoce la justicia como irregular, pero no mete el diente.Un alcalde, o cualquier otro gobernante, puede hacer lo que quiera sin seguir las leyes y no le pasa nada, salvo que el partido contrario tenga más poder para inclinar la balanza a su favor. Las obras o servicios adjudicados a dedo sin partida presupuestaria desde siempre son ilegales según la Ley, pero necesitamos de jueces que lo certifiquen lo mismo que el medico certifica el muerto.

Así las cosas, mientras nuestros políticos se dedican a tiempo completo luchando cuerpo a cuerpo, nuestras instituciones pierden calidad de servicio público para las que fueron creadas.

Total que cada vez los controles quedan de piezas decorativas porque la justicia mira para otro lado, por eso pulula la anarquía en las instituciones llamadas democráticas. Pero yo ya lo veía venir cuando se modificó la Ley de Régimen local, y otras, que veta la participación como la  derogada en 1985 donde la Comisión Permanente compuesta por varios partidos, mientras la nueva Ley pasó a llamarse Comisión de Gobierno  compuesta por los concejales del mismo partido del alcalde que se quedan con todo con la posibilidad de la corrupción por falta de transparencia de los demás partidos.  Esto no quiere decir que no haya gobernantes honestos.

Y por encima el coronavirus!

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