Condenados antes de ser absueltos

Tras el sobreseimiento de una denuncia de los concejales socialistas contra el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán Hermida, por la contratación de “nosecuantos” trabajadores, supuestamente amigos y, posiblemente algunos, correligionarios del PP, volvemos a estar ante una situación de condena previa por un caso de nepotismo sin probar y que lleva ante la Justicia a un servidor público por hacer lo mismo que otros que no son denunciados. Como es del conocimiento de la ciudadanía en general y de los denunciantes en particular, la contratación temporal de personal para servicios en los ayuntamientos, está regulado: el concello remite a la Oficina de Empleo la petición de una relación de personas que cúmplen el perfil establecido para la contratación, después se convocan las plazas, se presentan las solicitudes y currículos y posteriormente se celebra una entrevista para conocer las aptitudes de los aspirantes para una ocupación por un tiempo determinado que no supera los seis meses. Esto es así, poco más o menos. Y esto es así en concellos gobernados por políticos de derechas, de izquierdas o “mediopensionistas”. En el caso de referencia, Durán fue tildado de todo, menos de bonito; se le ha llamado dictador, nepotista (favorecedor de familiares y/o amigos), corrupto y, como es lógico, fascista. Ahora llega la resolución judicial que se pronuncia en el sentido de desestimar la denuncia; Durán queda absuelto y los denunciantes miran para otro lado. Pero Durán ha tenido que tragar sapos y culebras por haber actuado dentro de lo legalmente o reglamentariamente establecido y, lo que es más grave, ha sido condenado por una parte de la ciudadanía que no se ha dignado concederle el beneficio de la duda. Pues, sufridos lectores, hay algo más que pedir a la Justicia para estos casos, y es que a quien denuncia sin que sus alegatos sean exitosos ante los tribunales, se le debe exigir, al menos, el pago de los gastos causados, y una indemnización al denunciado. Creemos que, en este sentido, es acertada la Ley promovida por el ministro Gallardón, en lo que a las tasas judiciales se refiere. Al tiempo de redactar esta opinión, se celebra el juicio contra siete concejales de Santiago (también del PP, casualmente), por haber acordado que el concello corriera con los gastos de defensa de un compañero ante un procedimiento judicial, acuerdo avalado por los servicios jurídicos municipales. Desde siempre los ayuntamientos han pagado la defensa de funcionarios o concejales sin que a nadie se les hayan caído los anillos ni se haya producido denuncia ni sentencia condenatoria de tal proceder, pero claro, ahora la Fiscalía distingue si se trata de políticos de derechas o de izquierdas para pedir condena, sabiendo que ya han sido condenados por el pueblo soberano. Si se produce, como esperamos, la absolución de dichos siete ediles, ¿quién los resarcirá de la condena dictada previamente por el pueblo representado por los políticos de la izquierda compostelana?