miércoles 27/1/21

ABORTO: ¿CUESTIÓN DE CONCIENCIA PERSONAL?

Tres meses han pasado desde que el Gobierno dio su inicial visto bueno

Tres meses han pasado desde que el Gobierno dio su inicial visto bueno al anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Y tres meses llevamos inmersos en un debate sin término que está poniendo muy especialmente de relieve la insensibilidad no tanto política -que también- como social ante lo que en realidad significa la eliminación voluntaria del embarazo, lo cual debería ser  mucho más  preocupante.
Quienes desde las instituciones o desde la calle se muestran  “incómodos” con la llamada “ley Gallardón”  y apelan al consenso -imposible tal como está el patio-,   vienen manejando con profusión un argumento falaz. Vienen dando por sentado que el aborto voluntario es un tema de conciencia y que “cada uno tiene la suya”. Es decir, que la eliminación del embarazo es una cuestión subjetiva y relativizada.
El problema,  sin embargo, es que no se trata de una cuestión de conciencia, sino de ciencia y, en consecuencia, de derechos humanos. Y la ciencia, las ciencias médicas,  lo dicen cada vez con mayor convencimiento. Esto es: que hay vida desde el primer momento de la concepción; que esa vida es humana porque no es ni puede ser otra; y que el desarrollo del embrión y del feto es un continuo en el que no se produce salto cualitativo alguno que haga cambiar la consideración del concebido. Por tanto, el aborto voluntario supone una violación del derecho a la vida, el principal de los derechos humanos, incluido con una u otra formulación en todos los códigos internacionales.
También se maneja con asiduidad el argumento de que se puede hacer “una ley mejor”. Pero qué se entiende por “mejor”? En este punto los responsables políticos, y muy especialmente quienes gobiernan desde las filas del Partido Popular, no terminan mucho de aclararse. Parece claro que no faltan ni mucho menos quienes son partidarios de no tocar la ley de 2010, hoy vigente, que consagra el aborto como un derecho de la mujer y que, por tanto, deja desprotegido al que ha de nacer.
No obstante, para la oposición más benigna y oficialista del PP la  mayor disconformidad parece residir en que en la reforma prevista desaparece la indicación del aborto eugenésico. Esto es, que la discapacidad del feto no será de por sí un motivo para la interrupción del embarazo.  Y en este sentido, abogarían por recuperar tal indicación,  prevista en la ley de 1985.
Lo que no sé es si serán conscientes que, mientras estuvo vigente,  este supuesto hizo desaparecer a colectivos de discapacitados perfectamente compatibles con la vida. Y no me refiero sólo a los afectados por el síndrome de Down. “Mejorar” la ley  debería consistir, pues, en reforzar las garantías necesarias para que ello no fuera de nuevo posible. 

ABORTO: ¿CUESTIÓN DE CONCIENCIA PERSONAL?
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