Desquiciado

Está desquiciado. Políticamente, se entiende. Reparte mandobles a propios, socios y extraños. A los disidentes del partido les manda, con perdón,  a hacer puñetas.  Al Partido  Popular, teórico socio preferente, le pone de vuelta y media en cuanto puede y sin necesidad, como hizo con  especial virulencia en el Consejo general de hace una semana. A su aliado navarro, UPN, le fuerza a firmar un documento sobre el futuro de la comunidad autónoma en acto aparte y distinto del que sobre el mismo tema hubo de sellar una hora después Pablo Casado en nombre del PP. 

Declina las invitaciones del candidato Sánchez para verse en Moncloa. Y ya con Vox, para qué contar: tajante en la orden de ni sentarse ni hablar con ellos y hasta ineducado y borde en ocasiones en las formas. Y siempre con aire de enorme superioridad moral. Raro es el partido al que Albert Rivera no obsequia estos días con su hostigamiento.  ¿Qué le sucede para estar –me parece- tan fuera de razón? 

Vox pasó en Andalucía por carros y carretas por aquello de ser la primera ocasión en que se asomaba a las instituciones y no deslucir el estreno. Pero estridencias personales aparte, con toda lógica ha venido después reclamando su derecho a respirar; su legitimidad como actor imprescindible en las negociaciones. Casi tres millones de votos, muy poquitos menos que Podemos, lo avalan.
Encaje de bolillos ha tenido que hacer el Partido Popular para negociar a un lado y otro de la cuerda. Hasta que al final ésta se ha roto en Murcia y peligra en Madrid por el cerril empecinamiento de Ciudadanos y, más en concreto, de la naranja amarga que es su dirección nacional. Ni pacto ni sombras del mismo.

Rivera y sus gentes alegan escrúpulos insalvables para subscribir acuerdos con Vox, pero ninguno para usufructuar sus votos en municipios y comunidades. Es una estrategia inmoral e hipócrita.  ¿Sería Juan Marín vicepresidente de Andalucía sin los votos de Vox? ¿Y Begoña Villacís,  vicealcaldesa de Madrid? Evidentemente no. 

Como socio y compañero de viaje Ciudadanos ha venido siendo un insufrible dolor de muelas para los Gobiernos que han tenido que aguantarlo. Sus propuestas no son tales, sino imposiciones innegociables; líneas rojas permanentes.  Algunas  tan absurdas como la que exige la dimisión de todo cargo público por el simple hecho,  y sin esperar a más,  de resultar imputado o sometido a investigación judicial. O la que se ha sacado de la manga en los acuerdos recientes con el PP en Murcia y Castilla y León, con la limitación de los mandatos a ocho años.  

Un pacto éste último  –me da la impresión-  donde un sobrado Franciso Igea, del clan de los garicanos y contrario en principio al convenio con los populares, se ha comido a un blandito Fernández Mañueco. Hasta le han regalado la portavocía del nuevo Gobierno regional.