Maraña tributaria

Mucho no se entiende que con harta frecuencia los gobiernos autonómicos bajen impuestos propios o cedidos sobre los que pueden operar y luego recurran a financiarse bien en los mercados, bien a través de mecanismos estatales de asistencia; esto es, que de una manera u otra apelen a generar más deuda.

Lo acaba de hacer la Xunta, que ha vuelto al mercado de deuda con la emisión de bonos a diez años por importe de 500 millones de euros. Por lo que cuenta la Consellería de Facenda, más de la mitad se colocó entre inversores extranjeros y la demanda multiplicó por cinco la oferta. Están encantados.

Se trata de la primera emisión desde el año 2014 y coincide cuando a lo largo del año en curso vencerán otras tres por un importe conjunto de 805 millones de euros, combinadas, eso sí, con el recurso al Fondo de Facilidad Financiera. Este, como se sabe, está destinado a comunidades, como la nuestra, que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y además no conlleva condicionalidad fiscal, es decir, que viene a ser de libre disposición.  

El hecho es también que en este electoral 2019 las Haciendas territoriales han realizado una bajada generalizada de impuestos, al tiempo que han suprimido tipos reducidos o subido el de Actos jurídicos documentados para las hipotecas, tal vez porque desde noviembre paga la Banca. 

Madrid sigue siendo de lejos la comunidad que tiene el IRPF más bajo, con un tipo mínimo del 18,5 por ciento y un marginal máximo del 43,5 por ciento, mientras que Navarra anda en unos máximos del 52 por ciento, el País Vasco en el 49 por ciento y Cataluña en el 48 por ciento. 
Galicia ha creado nuevas deducciones, pero en rentas de 45.000 a 110.000 euros anuales no es de las más atractivas. En Patrimonio, sin embargo, lo más llamativo es la rebaja de la tarifa de nuestra comunidad, con el establecimiento de una igual a la estatal. 

Donde las diferencias interterritoriales son demasiado grandes es en Sucesiones. Así, un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, tributa cero euros en Andalucía y Cantabria frente a los 103.135 euros de Asturias. La cuantía va bajando, aunque se mantiene abultada en Castilla y León (81.018) y Comunidad Valenciana (63.193). 

Los impuestos regionales propios no crecen, pero coexisten un total de 81 figuras impositivas –73 con efectos fiscales reales–,  que  en palabras del presidente del Consejo general de Economistas, Valetín Pich, constituyen “una jungla inexplorable” y que para más inri sólo recaudan el 2,1 por ciento de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas.

Ese pozo de gasto sin control y medida que es Cataluña se lleva la palma: aplica nada más y nada menos que 15. Le siguen Asturias, con 7; Andalucía y Murcia, con 6, y Aragón y Galicia, con 5. Se impone, concluye el Consejo de Economistas, una revisión global de los impuestos ligados a la financiación autonómica.

Maraña tributaria

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