Promesas temerarias

va a hacer veinticinco años que pasó a los anales de los despropósitos políticos la solemne promesa del entonces candidato a la presidencia del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de apoyar la reforma del Estatuto que le llegara del Parlamento de Cataluña.
La hizo en el Palau San Jordi de Barcelona ante los cerca de veinte mil asistentes al mitin central de la campaña para las elecciones autonómicas que habrían de celebrarse días después. Y ya se sabe lo que después pasó: que ya desde Moncloa él mismo hubo de rebajar las expectativas suscitadas y que el Tribunal Constitucional tuvo que completar la tarea desmontando las columnas maestras del texto.
Pues otro despropósito parecido acaba de hacer su hijo político, el presidente Pedro Sánchez, anunciando que no abrirá una vía judicial más con Cataluña, como si ello dependiera de su voluntad y no de los hechos que se vayan produciendo en aquella comunidad, ante alguno o algunos de los cuales bien no le podría quedar más remedio y deber que recurrir a la Justicia constitucional.
Ambas partes se han ido de teóricas vacaciones con sus respectivas teimas sobre la mesa: Sánchez, insistiendo en su voluntad de diálogo y pasando por no pocos carros y carretas en una muestra de debilidad impropia de cualquier negociador; la Generalidad catalana, tanto desde Waterloo como desde su altavoz en Barcelona, exigiendo hechos y amenazando con que el tiempo de gracia se acaba.
De todas formas, cuentan medios próximos al Gobierno autonómico que, cuando apremian, más que en otra cosa los independentistas lo hacen pensando en el juicio contra los procesados que se prevé para octubre y en la petición de penas que pueda hacer la nueva fiscal general del Estado. Ello será lo que mida su apoyo parlamentario al Gobierno central y a la continuidad del mismo. Presos y vuelta sin cargos de los autoexiliados son para ellos asuntos prioritarios. Una normalización de las relaciones institucionales o pactos en otras materias estorbarían a dicho objetivo.
No obstante, el realismo se impone y ante la debilidad que exhibe Pedro Sánchez no renuncian a las prebendas que a través de la Comisión bilateral y otras vías les puedan ir llegando en materia de dineros a mayores, infraestructuras y competencias. Algunas ya lo van haciendo y sin necesidad de aparecer en el BOE. Hacienda, por ejemplo, ha aceptado ya la refinanciación de créditos mediante deuda a largo plazo, una reclamación histórica de ERC. Al tiempo, Industria y otros departamentos centrales han anunciado que respetarán leyes que el PP quería revisar.
Queda, por supuesto, por ver lo principal: a corto plazo, en que se traducirá ese anuncio o promesa de Sánchez de que la crisis de Cataluña sólo se resolverá votando un acuerdo político. ¿Tal vez un referéndum de autodeterminación debidamente camuflado como tal y pactado? Cualquier cosa es posible.