Torpe ministra

Avalada por su labor como consejera del Ejecutivo vasco (2009-2012) con Patxi López,  Isabel Celaá llegó a Moncloa llamada por Pedro Sánchez para formar parte del Gobierno de la moción de censura y hacerse cargo de la cartera de Educación y de la portavocía gubernamental.

Su quehacer como ministra ha sido gris y como portavoz del Gobierno ha resultado manifiestamente mejorable.  Como se recordará,  en la reciente campaña fue reprendida por la Junta electoral por hacer indebido uso de las  ruedas de prensa monclovitas.  Su tesis de que así lo hacía porque el PSOE era “el humus”  o sustrato del Gobierno, fue gloriosa. No suena, en fin,  como repetidora en la cartera, si es que el final cuaja el abrazo PSOE-Podemos.

Donde tampoco estuvo  muy acertada hace unos días, sino todo lo contrario, fue en su discurso en el acto inaugural del congreso de escuelas católicas, en el que cuestionó que el derecho de los padres a elegir centro educativo y enseñanza religiosa para sus hijos  sea “emanación estricta” de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. “De ninguna manera” puede serlo, reiteró rotunda.

Lógicamente, el auditorio quedó estupefacto. Ni el lugar ni el momento, ni el contenido ni el tono fueron lo más adecuado. ¿Porque  qué otra cosa  son los centros de iniciativa social, confesionales o no, con su carácter propio e ideario,  sino la condición que posibilita el ejercicio por los padres del derecho que les asiste?

¿Un guiño a Podemos? No parece. El partido de Pablo Iglesias concuerda  ya lo suficiente con el ideario educativo socialista como para andarse lanzando mensajes subliminales. ¿Un globo sonda? Tampoco, a juzgar al menos por las precisiones que al día siguiente hubo de hacer ante la polvareda suscitada,  en el sentido de que el Gobierno no pretende cambiar “para nada” el régimen de conciertos.  Torpe y tardía cuando menos, estuvo la ministra.

Habrá que concluir, pues, que fue  una declaración de intenciones en toda regla, escrita y leída;  no un lapsus ni un exceso verbal, aunque no es menos cierto que nada nuevo supuso que no se conociera ya,  porque es vieja doctrina del socialismo y de la izquierda en general.

¿Con su inequívoca reacción se habrán puesto la venda antes de la herida –se ha dicho- la red de centros concertados y las asociaciones que la representan? Razón suficiente tendrían para ello, a la vista de los frecuentes  forcejeos que han tenido que mantener ante los Tribunales. Las políticas de la izquierda -estatal y autonómica- al respecto son una permanente espada de Damocles que sobre ellas pende.

No es que pretendan terminar con la iniciativa social, porque colapsaría el sistema educativo todo, pero sí poner las oportunas trabas para asfixiarla o para que prospere lo menos posible.  Las disponibilidades de la programación educativa y la demanda social serán los grandes argumentos.