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Los presuntos autores, siete hombres y una mujer, fueron detenidos el pasado 16 de noviembre de forma simultánea en las localidades de O Carballiño y Ourense tras obtener ilegalmente un total de 71.600 euros.
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigarle por presunto blanqueo y falsedad documental en relación con la financiación de Podemos, argumentando que se trata de una investigación "prospectiva" basada en hechos archivados en 2015.
Por su presunta participación en 2017 en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero de la droga, todo ello cuando se encontraba en semilibertad.
La medida podría incluirse en el paquete de nuevas iniciativas para luchar contra el blanqueo de capitales en la UE que la Comisión presentará en julio.
El Alto Tribunal rechaza el recurso de la narcoabogada cambadesa contra la sentencia de la Audiencia de 2019
La Fiscalía le acusa de hasta once delitos contra la Hacienda Pública.
Así, poco antes de las 13,00 horas comparecieron ante el magistrado, donde permanecieron en la sala durante unos 20 minutos, si bien se acogieron a su derecho a no declarar.Fuentes judiciales han comunicado que se ha acordado el ingreso en prisión provisional de estas tres personas con el objetivo de evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes en la causa.OPERATIVO POLICIALCarlos Fernández, su mujer y su hija fueron detenidos en las últimas horas en el marco de un operativo coordinado por el juzgado y llevado a cabo por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.Además de las detenciones, los agentes llevaron a cabo sendos registros en el domicilio del presidente del Colegio, y en la sede del organismo, en la calle Aragón de Vigo, donde se incautaron de diversa documentación.Fuentes consultadas por Europa Press conocedoras de la investigación han explicado que el operativo está vinculado con impagos por parte del Colegio al Consejo General de Enfermería de España.De hecho, la entidad provincial ya fue condenada en dos ocasiones a abonar un total de 6 millones de euros al organismo nacional por no haber sufragado el porcentaje correspondiente de las cuotas que satisfacen trimestralmente los colegiados.