El gobierno catalán descartó recurrir al Instituto Catalán de Finanzas como plan B, para no poner en riesgo a sus profesionales pero ahora afirma que ha hablado con ellos y que les dan su apoyo.
Son más de una veintena de ex altos cargos de Cataluña, por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero público.
