Cómo puede superar la crisis una empresa familiar

La situación económica actual amenaza con el cierre a muchos negocios | Cedida por Inter Asesoría
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Para muchos sectores a los que se dedida la empresa familiar, la paralización de la actividad debido al estado de alarma ha derivado en problemas de liquidez y solvencia serios, por lo que muchos de los empresarios optaron por hacer uso con caracter urgente de las medidas que proporcionó el Gobierno como los ERTEs y líneas de financiación ICO, con la finalidad de recortar costes y a su vez provisionarse de liquidez. Y de esta manera tratar de conseguir la viabilidad de su empresa.

Además de los instrumentos dotados por el Estado existen otro abanico de posibilidades como puede ser en el ámbito pre-concursal y concursal, que normativamente hablando fueron actualizadas con un nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal aprobado recientemente y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Además es importante dar a conocer que existen otros tipos de medidas procesales y organizativas que aligeran estos procesos y se traducen en un incentivo en la apuesta por la viabilidad de las empresas.

Cuando una empresa entra en un estado de insolvencia su deber legal es solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor hubiera conocido o debiese conocer su estado de insolvencia, debido a esta situación coyuntural e imprevista por el impacto directo que ha tenido el COVID, son muchos los empresarios que comienzan a acumular deudas de financieras, proveedores, Agencia Tributaria, Seguridad Social...sin poder hacer frente a sus obligaciones exigibles en el plazo convenido, en este momento la empresa familiar debe de ser ágil en la toma de decisiones y calibrar sus distintas elecciones para reestructurar su deuda, teniendo en cuenta plazos de tal forma que puedan salvar la empresa y no incurrir en ningún tipo de derivación de responsabilidad a los administradores.

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno, como medida excepcional ha sido conceder una moratoria a los deudores que se encuentran en estado de insolvencia, para poder solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020 y consecuentemente no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso hasta esa fecha. Por lo tanto hasta esa momento, queda suspendida la obligación de actuación de 2 meses que hemos mencionado con anterioridad. De todas formas los administradores no deben de relajarse puesto que no significa que no puedan existir responsabilidades por causar o empeorar la insolvencia de la empresa en ese período, se debe de tener en cuenta las opciones que pudieran tener los acreedores a la hora de recuperar sus créditos e iniciar ejecuciones contra el patrimonio de la empresa familiar.

Por lo que si la empresa no tiene ningún proceso de ejecución judicial o extrajudicial abierto, se puede acceder a un aconsejado acuerdo de refinanciación homologado judicialmente para reconducir la situación consiguiendo una refinanciación y reestructuración de la deuda. Y también el acuerdo extrajudicial de pagos, pensado principalmente para pequeñas y medianas empresas (supone un menor coste que un proceso concursal y son más ágiles) negociado y cerrado en su totalidad fuera de los juzgados con la intermediación de un mediador concursal. Lo realmente interesante es que durante el período de negociaciones se protege al deudor frente a posibles ejecuciones de su patrimonio empresarial. Es posible pedir el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, para evitar hacer público la situación de pre-concurso.

Es necesario dejar a un lado el estigma que arrastra el proceso concursal o pre-concursal, para darse cuenta de que realmente es una herramienta que nos dota de protección y ayuda ante las dificultades que puede estar pasando la empresa familiar, ofreciendo distintas posiblidades y posibles soluciones al empresario deudor, más con las medidas decretadas en esta materia a raíz del estado de alarma.

*Noelia Puceiro

Directora de Inter Asesoría

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