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martes | 23 abril | 2024
Los perros especializados en el descubrimiento de estupefacientes encontraron trazas de cocaína durante la inspección realizada por la Guardia Civil a bordo de la que se dio en llamar “narcolancha”, remolcada en la rampa de la estación marítima de Vilanova de Arousa, en el mes de agosto de 2020.
Así consta en las diligencias policiales y también en un auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que resolvió un recurso de uno de los procesados en la causa. En el mismo documento judicial se indica que la aparición de estos pequeños restos de estupefaciente, no obstante, no son de suficiente entidad como para atribuir, al menos en este momento de la investigación, un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Por ello, se mantiene la atribución de tan solo la presunta autoría de un ilícito de contrabando, en atención a la naturaleza de la embarcación intervenida y la no aparición de cargamento a bordo, más allá de estos “indicios”.
El mismo auto los califica de “endebles” e “insuficientes para anticipar un juicio positivo de comisión de tal delito”, el del narcotráfico. El tráfico de drogas en este suceso se queda por ahora, pues, como “hipótesis” y no como “hechos constatables en este momento”, sin perjuicio de lo que se acabe determinando en el curso del procedimiento.
La embarcación localizada entonces, sin embargo, sí entra dentro de lo considerado prohibido por la legislación contra el tráfico ilícito de personas y mercancías, al ser mayor de ocho metros de eslora y poseer motores de más de 150 kilovatios de potencia.
En libertad
El auto, fechado en noviembre pero conocido ahora, se ocupa del recurso de apelación interpuesto por uno de los detenidos entonces, para los que se determinó de inicio prisión provisional, comunicada pero sin posibilidad de salir bajo fianza. El encausado en cuestión apeló ante la Audiencia aquella decisión del Juzgado número 1 de Vilagarcía, solicitando la libertad provisional. Y lo consiguió. La Audiencia no considera que se cumplan los argumentos que esgrimió el juzgado para dictar prisión preventiva, esto es: Riesgo de fuga y el hecho de que existan dos personas en ignorado paradero.
De lo primero, el riesgo de fuga, lo pone en relación a la pena que, de ser el caso, podría caerle al investigado: Entre dos años y seis meses a cinco años de prisión, por contrabando. “Entendemos que el riesgo de fuga se ve debilitado porque estamos ante una pena menos grave”. En cuanto a lo segundo, que haya dos huidos, “no alcanzamos a ver en ello una justificación bastante” para que tal cuestión suponga prisión preventiva para el imputado.
Por ello, se accedió a su libertad provisional, si bien con la obligación de comparecencias quincenales en el juzgado.
