Citan como testigo al interventor municipal en la investigación por urbanismo

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La investigación sobre la situación urbanística de Sanxenxo que está llevando a cabo del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados sigue su curso. Juan Manuel Hermo ha ampliado el listado de testigos a los que pretende interrogar en los próximos días para esclarecer algunas cuestiones relacionadas con los expedientes investigados.
Así, a los que ya han prestado declaración, se sumará el próximo día 5 de marzo el interventor municipal, que tendrá que responder a aquellas cuestiones que el juez le formule en las dependencias judiciales de Cambados.
Junto a él, recibió hace unos días la notificación de su citación como testigo una trabajadora de la Xerencia de Urbanismo, esposa de uno de los denunciantes que motivó la investigación en curso.

Rodríguez y deza
A principios de marzo pasará también a testificar el concejal de Medio Ambiente. José Luis Rodríguez había sido ya citado para el pasado mes, pero una cuestión de salud le impidió acudir a su cita con el juez. Será el próximo día 3 cuando comparezca para aportar su colaboración a la investigación judicial que dirige Hermo.
La concejala de Urbanismo, María Deza, tampoco ha acudido todavía a testificar al Juzgado de Cambados. Se encontraba convaleciente tras el nacimiento de su primer hijo el día en el que había sido citada, por lo que espera recibir una nueva notificación en la que se fije nuevo día y hora para que la edil pueda también aclarar posibles dudas acerca de los expedientes en cuestión, todos ellos anteriores a la llegada de Deza a la política activa.
La lista de testigo podría volver a ampliarse en los próximos días.
Cabe recordar que el pasado mes de enero el juez decidió imputar a uno de los testigos tras escuchar su testimonio. Se trata de Carlos Álvarez, extrabajador de la Xerencia, lo que eleva a 14 el número total de imputados en este proceso y entre los que están tanto la alcaldesa de Sanxenxo como la secretaria xeral de Urbanismo. Los delitos por los que se les imputa van desde prevaricación, a cohecho y tráfico de influencias y en el caso de alguno de los imputados confluyen indicios de los tres.
Los chalés de Ferro Messego junto al cementerio de Dorrón; el edifico de Balboa y Chan en la calle Progreso; y las tres viviendas de Caneleiro en las proximidades de la playa de Bascuas son los tres expedientes investigados.
A ellos se suma la primera licencia de la vivienda del aparejador municipal, otorgada en el año 2002 y otra de una vivienda particular situada cerca de Montalvo. En total, el Juzgado se ha centrado en cinco licencias. Todas ellas aprobadas antes de la llegada de Catalina González Bea a la Alcaldía.
Entre los imputados está el exedil de Urbanismo, Angel Casal; el secretario municipal; varios técnicos municipales —la mayoría de ellos se negaron a declarar por el momento— y los representantes legales de una promotora.

Citan como testigo al interventor municipal en la investigación por urbanismo