11º-26º
jueves | 18 abril | 2024
El juez que investiga el caso Púnica ha archivado la causa respecto a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes al considerar que no se ha acreditado que participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.
Investigada desde septiembre de 2019, Cifuentes solicitó el sobreseimiento el pasado 10 de noviembre, decisión que adopta este martes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos" por los que estaba imputada.
Así lo explica en el auto donde también acuerda el sobreseimiento provisional para la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y el presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández, investigados hasta ahora, como Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea en los procesos de licitación de 2009 y 2011.
La investigación, indica el magistrado, parte de un informe policial que daba cuenta de las supuestas irregularidades en torno a dicho contrato y ponía el foco en donaciones de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), concluyendo que la adjudicación a favor del grupo Cantoblanco fue "mendaz" al esconder, presuntamente, "una suerte de compensación" por las aportaciones realizadas a dicha Fundación.
Cifuentes, que resultó absuelta hace unos meses del denominado "caso máster", fue patrona de Fundescam, cargo del que cesó en 2008, de modo que, según el juez, tenía un "irrelevante nivel de implicación" en la organización.
El magistrado afirma que, tras todas las diligencias practicadas hasta ahora, tampoco se ha acreditado que participase en la gestión económica de Fundescam, y ve una "mera especulación" imputarla "un previo y certero conocimiento" de las donaciones de empresarios a sus cuentas.
Cree así que no hay indicios que permitan sostener que Cifuentes supiese "quiénes eran los donantes" de Fundescam, que conociese las aportaciones vinculadas a Arturo Fernández o que su actuación en ese proceso de licitación investigado "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la fundación señalada".
De igual manera rechaza que haya quedado acreditada su participación en la presunta financiación ilegal del PP a través de la empresa Swat, algo que, indica, "no se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno".
La resolución, contra la que cabe recurso, señala que esta imputación se sustenta únicamente en la declaración de la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, que ubicó a Cifuentes en reuniones con el empresario Juan Miguel Madoz; una versión que tanto éste como la expresidenta madrileña negaron.
Todo ello unido a que Cifuentes "no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008".
El juez, que en las últimas semanas ha archivado para otros imputados el caso Púnica, abierto desde 2014, deja claro en el auto que entiende "agotada" la investigación de esta pieza de la causa, y que la Sala de lo Penal ya se pronunció "sobre la necesidad de finalizar la instrucción" de la misma.
