Rebelión autonómica contra la limitación al ocio nocturno y la hostelería

Las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas por el Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades han levantado una rebelión en otro nutrido grupo de autonomías –Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y Cataluña–, que se niega a acatarlas al verlas como una imposición que invade competencias, por lo que amenazan con recurrirlas.

Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aboga por trabajar con las autonomías y les invitó a establecer “marcos de actuaciones comunes”, al tiempo que rechazó acudir a los tribunales porque “la judicialización es el último paso en la política”, dijo en una entrevista con RNE.

De obligado cumplimiento en todo el territorio, según recordó el Ministerio de Sanidad, la declaración de actuaciones coordinadas acordada el miércoles en el Consejo Interterritorial permite la reapertura del ocio nocturno hasta las 02.00, ampliable hasta las 03.00. Pero solo en aquellas zonas que estén en los niveles más bajos de riesgo (nueva normalidad o nivel 1, que implica una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes), que por ahora solo cumplen Baleares, la Comunidad Valenciana y Ceuta (con 38, 35 y 28).

También establece un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de las 01.00 ni servir más tarde de las 00.00 horas, y restricciones de aforo, así como medidas para eventos multitudinarios y prohibiciones de fumar y vapear en la calle cuando no se puedan guardar los 2 metros de distancia, entre otras.

Las nuevas medidas, que entrarán en vigor tras su publicación en el BOE hasta que el 70% de la población esté vacunada, contaron con el rechazo frontal de Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y Cataluña, que votaron en contra; Euskadi ni siquiera participó en el debate y Castilla y León optó por abstenerse.

La Comunidad de Madrid fue la primera en anunciar que no pensaba acatar el acuerdo para seguir aplicando la normativa general y así lo reiteró la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez “se las tendrá que apañar” para imponer las medidas.

Por su parte, el vicepresidente primero de Galicia, Alfonso Rueda, lamentó que el Gobierno central quiera “imponer su criterio” y avisó de que la asesoría jurídica de la Xunta está estudiando “hasta qué punto es obligatoria esta decisión” para “actuar en consecuencia”. “Si no es obligatoria y las comunidades autónomas tenemos margen de maniobra haríamos lo que más conviniera”, ha detallado. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, censuró el mismo miércoles al Ejecutivo por querer limitarles ahora el proceso de apertura: “No debemos cometer ese error”, reivindicó.

“La Xunta lamenta que el Gobierno central reaparezca en escena tras esconderse durante toda la pandemia con obligaciones a destiempo”, se titulaba el contundente comunicado emitido por el Gobierno gallego el miércoles a última hora y que Feijóo compartió en sus redes.

Galicia está en nivel 1 de alerta con una incidencia de 66 casos por cada 100.000 habitantes; la hostelería puede abrir hasta las 01.00, y los aforos dependen de la alerta: en el máximo está cerrada, en un nivel alto se clausuran interiores y se limitan las terrazas al 50%; en el medio se amplían al 30 por ciento y 50 por ciento, respectivamente; y en el bajo, al 50% y 75 por ciento.

Como “un ejercicio de invasión de competencias” definió la decisión el lehendakari, Iñigo Urkullu, que dejó claro que Euskadi seguirá su propia “hoja de ruta” para hacer frente a la pandemia. “Estamos viviendo un desconcierto absoluto con respecto a las actitudes del Gobierno español. Esta no es una actitud de cogobernanza, ni de gobernanza compartida, ni de gobernanza colaborativa”, dijo.

Por su parte, Cataluña siempre defiende que el Gobierno central debe dejar en manos del gobierno autonómico el poder de decisión sobre las condiciones de reapertura del ocio nocturno. El nuevo conseller de Salud, Josep Maria Argimon, apostó por reabrir “pronto” el ocio nocturno de forma regulada, porque cree que contribuirá a minimizar los “botellones”, aunque no le puso una fecha concreta, si bien su predecesora, Alba Vergés, lo situó entorno a San Juan.

Andalucía rechazó “la imposición” de Sanidad porque las competencias en salud pública son de las comunidades, por lo que las propuestas del Gobierno deben ser “recomendaciones”; por este motivo votó en contra.

Murcia también votó en contra por suponer en algunos aspectos un “paso atrás” y censuró que se les “ha empujado” a pronunciarse “sin haberlo consensuado, ni tan siquiera escuchado, para su elaboración”, según informaron.