16º-21º
domingo | 12 mayo | 2024
El auditor y perito económico Julio César Calvo Malvar ha tejido una red de abogados de toda España para ayudar y apoyar a las personas afectadas por los desahucios, a través de la Plataforma Stop Desahucios de Barbanza, con la que colabora desde hace tres años. Cabe recordar que esta entidad no solo ofrece asesoramiento y apoyo administrativo a personas en esta situación, sino que también les apoya en otros ámbitos como la cobertura de sus necesidades básicas, en los casos donde es preciso.
¿En qué consiste su labor de apoyo a la Plataforma?
Cuando una persona recibe la notificación del Juzgado, José Manuel Pena, el responsable de la Plataforma, me lo deriva y le doy al afectado las pautas para que pida la asistencia jurídica gratuita. Es muy importante la rapidez en la gestión porque hay 10 días para oponerse.
Como profesional y perito judicial, ¿cuál es su labor para esta entidad?
Hay que hacer un análisis económico de la ejecución hipotecaria para comprobar si el banco la ha hecho correctamente o si hay cláusulas abusivas que puedan ser cuantificadas, por ejemplo la suelo. Yo realizo esos cálculos y en algunos casos hago un informe pericial y lo defiendo en la vista de la ejecución.
¿Cómo funciona la red de abogados que ha puesto en marcha y qué tareas desempeñan los implicados?
Se trata de despachos de abogados con los que trabajo como perito auditor, a los que les mando la ejecución hipotecaria, los argumentos económicos que he cuantificado o mi informe y ellos hacen la oposición a la ejecución y luego se la entregamos casi totalmente perfilada al abogado de oficio del afectado.
¿Quiénes son los abogados que colaboran con ustedes?
Hay un extraordinario nivel profesional. Profesores de universidad, socios de despachos importantes de Madrid e incluso algún abogado de entidades financieras que, por motivos obvios no quiere que se sepa que colabora. Están Ignacio Delgado (Estudio Jurídico Internacional de Madrid), Marcos Tomé de Santiago o los socios de AND Abogados: Javier Val, Felipe Martín y Jorge Pérez. Estos son un referente permanente, pero hay más.
¿Reciben algo a cambio?
Ninguno cobramos nada, pero están encantados, sacrifican incluso su tiempo libre. Es más importante saber que hemos ayudado a una familia a salir de una situación imposible y eso, al menos para mí, es mucho más importante que el dinero.
¿Están teniendo éxito en sus oposiciones a las ejecuciones?
Observamos una evolución en la percepción que hacen los jueces respecto a los argumentos de nuestras oposiciones. Hasta ahora la sentencia fácil solía ser la ejecución hipotecaria que normalmente se decretaba sin profundizar más allá por parte del juez, o esa era al menos nuestra percepción. Pero creemos que están dejando de despacharlas en unos minutos y se estudian los casos con profundidad.
¿Por qué llama clientes a los afectados de la Plataforma?
Son clientes como cualquier otro al que cobro por mis servicios. Cuando empecé a colaborar con la Plataforma, Pena me advirtió que no me debía implicar emocionalmente, pero nos llegan casos de todo tipo, de abusos por parte de las entidades financieras... Que hacen que sea difícil no hacerlo. Como el de una familia a la que la directora del banco le dijo que le iban a quitar a sus hijas. No puede imaginarse que satisfacción cuando la jueza del número 3 de Vilagarcía sobreseyó la ejecución y le impuso las costas al banco; unos 30.000 euros y serán para la familia.
¿Son los jueces receptivos a sus argumentos de oposición a las ejecuciones hipotecarias?
Lo único que nos gustaría es que los jueces se lean nuestras oposiciones y que las valoren en función de su propio criterio. Sí observamos casos como los de las juezas de Vilagarcía que suelen estimar total o parcialmente las oposiciones. Muchas veces nos hemos contenido de ir a darles las gracias y un abrazo. Y no lo hacen por ninguna actuación parcial ni nada por el estilo, porque lo cierto es que en todos los casos de ejecuciones hipotecarias hay cobro excesivo de intereses de demora, en algunos casos cláusulas suelo que si no existieran el préstamo podría haber sido pagado o en otros casos la entidad financiera ejecuta un préstamo que ya le ha vendido a un ““fondo buitre” y tanto el banco como el fondo buitre ocultan dicha venta para que el afectado no tenga derecho al retracto legal.
Hablando de fondos buitre, ¿cómo operan este tipo de fondos con las entidades financieras?
De un tiempo a esta parte la totalidad de los bancos está vendiendo a fondos buitre sus carteras de préstamos fallidos, en los préstamos no hipotecarios al 3% y en los hipotecarios entre el 10 y el 20% del importe del préstamo. Observamos que esto se está ocultando a los afectados por parte del banco para evitar su derecho al retracto legal, es decir, el derecho a recomprar su préstamo al precio al que lo compró el fondo buitre. Por ejemplo, Abanca se vendió en 2013 al grupo venezolano Banesco y no se explica cómo sigue ejecutando préstamos fallidos anteriores a esa fecha. Ya no son suyos. Hay fondos buitre que se comunican con el afectado en cartas en las que figura el logotipo del fondo buitre y junto al logotipo del banco, por ejemplo en el caso de TTI, que remite comunicaciones escritas al afectado en las que figura el logotipo del Banco Popular, por descontado cuando el afectado recibe el acoso telefónico, que siempre se produce, del fondo buitre le dicen que llaman del banco.
¿Por qué se metió usted en este lío de la Plataforma? Horas de trabajo, sacrificios...
Hace 3 años que contacté con Pena a raíz de un artículo que publicó la prensa de un afectado y empecé a colaborar con la Plataforma y a “liar” a abogados que conozco a que se subieran a nuestro barco. Es por ello que considero que la labor de José Manuel Pena y de la prensa, que dan visibilidad a los casos que nos llegan, es fundamental, porque queremos que se nos sumen el mayor número posible de gente que quiera colaborar con nosotros.
