• Miércoles, 20 de Septiembre de 2017

El Tribunal Constitucional suspende la Ley de Transitoriedad de Cataluña

El Tribunal Constitucional suspendió ayer de forma cautelar la Ley de Transitoriedad catalana tras admitir el recurso del Ejecutivo central, una decisión adoptada por unanimidad a la que se sumó una nueva advertencia dirigida aal Govern y de la Mesa del Parlament, entre otros.

El Tribunal Constitucional suspende la Ley de Transitoriedad de Cataluña
Un agente de los Mossos participa en un control ayer en Barcelona | toni albir
Un agente de los Mossos participa en un control ayer en Barcelona | toni albir

El Tribunal Constitucional suspendió ayer de forma cautelar la Ley de Transitoriedad catalana tras admitir el recurso del Ejecutivo central, una decisión adoptada por unanimidad a la que se sumó una nueva advertencia dirigida aal Govern y de la Mesa del Parlament, entre otros.

Los magistrados se ocuparon también en el pleno de otro recurso, el presentado por el Gobierno contra la ley de Hacienda catalana, el código tributario, recurso que también admitieron a trámite de forma unánime, de modo que esta ley también ha quedado provisionalmente suspendida. Se trata de la ley 17/2017 del código tributario, algunas de cuyas disposiciones, según el recurso, pretenden vulnerar las competencias exclusivas del Estado para la garantía de la igualdad de todos los españoles en materia de legislación civil, hacienda y administraciones públicas. La norma tributaria catalana persigue, en último término, impulsar una Hacienda propia para Cataluña.

En cuanto a la Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán pretende convertir a Cataluña en una República.

La suspensión del Constitucional es provisional pero, una vez más, los magistrados recordaron que tiene plena vigencia y es de obligado cumplimiento bajo advertencia de cometer delito.

Así, notificaron personalmente la resolución al presidente de la Generalitat, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, al secretario del Gobierno de Cataluña, a la presidenta del Parlamento de Cataluña y a todos los miembros de la Mesa del Parlament.

También advirtieron al letrado mayor, al secretario general, al jefe del Departamento de Publicaciones y a la técnica de coordinación de la producción de publicaciones del Departamento de Ediciones, todos ellos del Parlamento de Cataluña.

También, a los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña y a los síndicos de los territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, titulares y suplentes. Se trata de los juristas encargados del seguimiento de la convocatoria independentista del 1 de octubre.

El Pleno advierte a todos ellos de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.

En particular, les recuerda que deben abstenerse de “iniciar tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley impugnada o que promuevan o tramiten actuación y norma alguna dirigida a tal fin”.

Todo ello, “apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones y de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento”.

La Fiscalía exige a los Mossos d’Esquadra que retiren las urnas destinadas al referéndum

Los Mossos d’Esquadra aseguran que harán lo que hacen “siempre con requerimientos judiciales”, tras recibir la instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña que ordena impedir el referéndum del 1-O tomando todas las medidas necesarias, como intervenir urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones, propaganda electoral y cualquier otro material.

“Recibimos la instrucción y hacemos lo que hacemos siempre con requerimientos judiciales”, indicaron a Europa Press fuentes de la policía catalana tras la reunión convocada ayer por la Fiscalía Superior de Cataluña a la que asistieron los responsables de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

“Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, señalan fuentes de la Fiscalía.

El órgano considera que, tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, queda “fuera de toda duda la ilegalidad” de la consulta. l