Un juez archiva la denuncia del Ayuntamiento de Boiro por prevaricación contra la exagente de Igualdad del CIM

El titular del Juzgado de Primera Instancia acordó el sobreseimiento provisional de la denuncia por prevaricación administrativa presentada por el Ayuntamiento de Boiro contra Sabela Losada Cortizas, que fue agente de Igualdad del Centro de Información á Muller (CIM) de dicha localidad. Teniendo en cuenta que dicha Administración local no interpuso recurso de apelación en el plazo de que disponía, la resolución es firme. El juez determina en su auto que de las diligencias ordenadas y practicadas “no resulta debidamente justificada  la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa”.

La autoridad judicial indica que, conforme a la documentación aportada por el denunciante y las declaraciones practicadas, hay indicios para considerar que la investigada fue nombrada agente de Igualdad del Ayuntamiento boirense, en el marco de un acuerdo de colaboración con la Diputación de A Coruña, por lo que la considera funcionaria de la Administración local entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022. Respecto a la prevaricación, el juez señala que puede ser omisiva, en el sentido de no hacer un previo expediente administrativo, algo de lo que señala que “existen indicios” y que es reconocido por la propia investigada, pero el togado cree que ese olvido no se considera prevaricación por omisión “precisamente porque la investigada no dejó sin resolver una resolución que es imperativa dictaria, más bien lo contrario”. Y dice que su contenido es ajustado a derecho en cuanto a reconocer como víctima de violencia sobre la mujer a la beneficiaria y a su hija menor. Y que de la declaración de ella y de las demás se considera que no hay indicios para entender que no lo tramitó a sabiendas de la injusticia de no hacerlo.

Sobre la prevaricación activa, el juez señala que la investigada dictó dos resoluciones administrativas y que acreditan lo ya indicado. Sobre el documento aportado por el Concello de la relación de personas que pueden acreditar tal situación de esas mujeres, refiriéndose únicamente a la director y la trabajadora social, el juez advierte que no existe norma sectorial, autonómica o estatal que concrete las personas que pueden hacerlo, y detalla que la entonces agente de Igualdad no se puede considerar que fuese “manifiestamente incompetente para dictar aquella resolución”.

El juez añade que esas acreditaciones deberían ir con sello de la dirección, pero “no existen indicios para considerar que la investigada se arrogase más competencias de las que ya tenía”, y que estar sin sellar puede convertir en irregular la resolución, pero que no produce efectos porque las administraciones a que se dirige la beneficiaria no la atiende sin el sello ”y por eso se dieron cuenta de estos hechos supuestamente delictivos”. Concluye que, aunque haya irregularidades en las resoluciones investigadas -subsanables administrativamente-, no hay indicios suficientes para considerar a la investigada “manifiestamente incompetente” para dictar las resoluciones investigadas y que no se aprecia un ánimo espurio ni ilegal.