Los integrantes de una pareja de Ribeira, junto a un primo de la víctima y al dueño de una inmobiliaria, se deberán sentar a partir de las nueve y media de la mañana del próximo miércoles, día 20 de marzo, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de a Coruña para responder de un delito de estafa, que presuntamente cometieron para hacerse con la propiedad de una finca situada en Boiro, y por el que la Fiscalía solicita para cada uno de los procesados una condena de tres años y seis meses de cárcel, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena privativa de libertad y otros nueve meses de multa a razón de una cuota diaria de 7 euros, es decir, un total de 1.890 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. De igual modo, el Ministerio Público demanda en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al denunciante con 6.000 euros, cantidad que se incrementará con el interés legal correspondiente. Esta vista oral ya había sido señalada en varias ocasiones desde el año 2020, pero por diferentes motivos nunca se había podido celebrar, como fue en algún caso la irrupción de la pandemia derivada de la Covid-19.
Los hechos que serán juzgados, de cuya instrucción se encargó el Juzgado Número 1 de Ribeira, se remontan a septiembre del año 2007 cuando, y según señala la Fiscalía, la pareja acudió al domicilio de la víctima en Ribeira y, aprovechándose de su estado de embriaguez debido al grave alcoholismo que sufre, "le apremiaron a firmar un contrato de compra-venta de una finca de su propiedad en Boiro y que había recibido en herencia sin que la misma estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, llevándose asimismo el título de la propiedad de la finca (testamento)". Añade que se dio la circunstancia de que la pareja acusada ya le presentó al denunciante el contrato redactado previamente y en el que estipulaban como precio de compra la cantidad de 90.000 euros, haciendo constar en el mismo que realizaban el pago del dinero en el acto en billetes de curso legal, sin embargo, según sostiene el Ministerio Público, nunca se abonó al dueño de la finca esa cuantía y solo recibió en ese acto 8 euros.
Según el relato de la Fiscalía en su escrito de acusación, los ahora procesados carecían de capacidad económica para hacer frente a la compra de ese inmueble, "el cual nunca tuvieron intención de pagar ni de habitar", sino que su acción obedecía a una maniobra fraudulenta orquestada de común acuerdo con los otros dos acusados", uno de los cuales era primo de la víctima -conocedor de la existencia de la finca y de los problemas de alcoholismo de su familiar- y el propietario de una inmobiliaria en la que, un par de semanas después de la firma del primer contrato de compra-venta de la finca se suscribió un segundo contrato en el que figuraba la cantidad de 5.000 euros como precio, que no fue entregada a su dueño, y en el que aparecía como comprador el referido primo del propietario y como testigos los otros tres acusados, pero sin la presencia de su legítimo propietario, utilizando la firma de este último "que habían obtenido con anterioridad, aprovechándose de su estado de embriaguez.
El Ministerio Público señala que, con estas operaciones, los procesados "crearon un título nuevo al objeto de conseguir la inmatriculación de la finca en el Registro de la Propiedad" a nombre de una tercera persona tras realizar un nuevo contrato de compraventa a favor de una empresa domiciliada en Madrid por 6.000 euros, "elevando este último contrato a escritura pública notarial el 3 de enero de 2008, para posteriormente, el 10 de febrero de 2011, inscribirla en el Registro de la Propiedad, privando así a su legítimo dueño del dominio de su finca". La Fiscalía señala que la víctima está diagnosticada de "grave alcoholismo crónico" y que, por ello, sus facultades se hallaban alteradas.
7º-16º
lunes | 29 abril | 2024
