13º-15º
viernes | 3 mayo | 2024
Un barbanzano se deberá sentar a partir del próximo miércoles, día 25 de octubre, a partir de las nueve y media de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, en un juicio que se celebrará a puerta cerrada, para el que la Fiscalía le pide una condena total de 17 años y once meses de cárcel. El procesado deberá responder de un delito de agresión sexual a su hija menor de 16 años, unos hechos que según el escrito de acusación del Ministerio Público se registraron entre los años 2010 y 2011, y por los que le solicita una condena de once años y medio de prisión.
Asimismo, la Fiscalía le solicita una pena de un año y 11 meses de privación de libertad por un delito de amenazas graves y otros cuatro años y medio de prisión por un delito de lesiones. Se trata de una causa que fue instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira y está previsto que la vista oral continúe celebrándose los días 26 y 27 de este mes.
Además, la petición del Ministerio Público para este acusado va más allá y demanda para el procesado la prohibición de comunicarse con la víctima o aproximarse a ella a menos de 200 metros por un tiempo de 15 años, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que implique relación o contacto con menores de edad durante 10 años y otros 7 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena, y la prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años. Como responsabilidad civil, la Fiscalía le pide una indemnización de 30.000 euros.
Además, junto a ese acusado también se deberá sentar su pareja, para la que la Fiscalía solicita un año y medio de prisión por un delito de amenazas y cuatro años de prisión por un delito de lesiones presuntamente cometidos con la chiquilla. Además, para esta encausada pide la prohibición de que se pueda acercar a la víctima a menos de 200 metros o de comunicarse con ella por cualquier medio durante 5 años. También solicita la prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años. Como responsabilidad civil, le pide a la procesada una indemnización de 8.000 euros.
