Absuelven al expatrón y a Polináutica de la acusación de fraude en el caso del Tragove

Absuelven al expatrón y a Polináutica de la acusación de fraude en el caso del Tragove
El expatrón mayor, Benito González

La Audiencia de Pontevedra ha absuelto al expatrón mayor, Benito González, y a los responsables del astillero Polináutica de los delitos de estafa y alternativo de fraude por el caso del barco Tragove. Además, considera que la acusación particular, ejercida por la Cofradía de Pescadores, actuó con “falta de pulcritud” y por ello es “merecedora” de condenarla al pago de las costas del proceso. Con todo, González no descarta emprender acciones contra los actuales responsables del Pósito por las acusaciones “gratuitas” vertidas contra él “co único fin de desacreditarme”.
González explicó que el fallo judicial demuestra que las acusaciones vertidas contra él y los empresarios J.L.N.M. y F.O.P., de haber defraudado o estafado ayudas públicas para construir el barco auxiliar de la Cofradía eran “totalmente falsas” y que la subvención percibida fue destinada únicamente a esta operación de compra. Aseguró también que respalda que el “único fin” de los denunciantes con todo esto “era desacreditarme”. Además lo toma como algo personal pues indica que la propia sentencia señala que aún siendo el patrón en el momento de la compra del barco no tiene responsabilidad única pues las decisiones adoptadas pertenecen al Cabildo. Sin embargo, solo se le acusó a él y sobre los motivos cree que pudo ser por “as eleccións ou calquera otra historia”.
El propio fallo indica que “a juicio del tribunal” hubo un “comportamiento procesal irreflexivo, una falta de pulcritud en la actuación de la acusación particular merecedora de la condena en costas”. Esta solicitaba tres años de prisión para cada acusado.
Para el expatrón es una sentencia “clara” y “moi xusta” y se mostró muy satisfecho: “É un bo día par mín e para o anterior Cabildo” porque “foron tres anos moi fastidiados”, manifestó. Este fue el tiempo que ha durado el procedimiento hasta que se celebró el juicio, el pasado mes de mayo.

"non saber ser persoas"
De hecho, cree que “o tempo e a xustiza pon a cada un no seu sitio”, en referencia a los actuales responsables de la Cofradía que “mentiron” y vertieron “acusacións gratuitas” contra él porque “non saben ser persoas”. Es más, considera que “deben asumir a súa irresponsabilidade” porque “todo era falso” y “seguramente” emprenda acciones legales contra ellos, entre los que está el actual patrón mayor, Ruperto Costa, porque “hai que ter uns límites, todos temos familia e hai unha empresa cuns traballadores á que lle afectou moitísimo todo esto”. No obstante, aún se sentará a analizar el fallo con su abogado para estudiar las medidas a adoptar y desconoce si Polináutica también tiene intención de emprender medidas legales.
Con esta sentencia, que no es firme y contra la cual cabe recurso, el tribunal atiende la petición de las defensas de González y de los responsables del astillero que construyó el Tragove y que en la vista defendieron su inocencia y presentaron diversos informes periciales –uno judicial– que señalan que el barco vale los 293.000 euros pagados e incluso podría superar los 300.000 euros por ser un barco multidisciplinar “único”. La cifra difiere de otro realizado por la Xunta que solicita la devolución de más de 90.000 euros de las ayudas, aunque el actual Pósito está intentando demostrar que es erróneo, algo que para el expatrón refuerza aún más su inocencia porque “resulta contradictorio que os que denunciaron o asunto agora defenden o prezo do barco”.
El asunto dio el salto a los tribunales a raíz de la denuncia de un particular y el actual gobierno de la Cofradía se personó en la causa para defender los intereses de la entidad, que presenta serias dificultades para devolver ese dinero, pero González cree que esta sentencia podría ayudar en ese sentido.
Cabe recordar que la propia Fiscal pidió su absolución y la de J.L.N.M. y F.O.P. al considerar que no había indicios de delito y que, en todo caso, pudo haberse producido una infracción administrativa porque toma como referencia el peritaje judicial y la diferencia con lo pagado es unos 60.000 euros.

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