9º-15º
viernes | 26 abril | 2024
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra inició ayer el macrojuicio contra la supuesta red liderada por el cambadés Rafael Bugallo Piñeiro “O Mulo”, acusada de intentar introducir en España unas tres toneladas de cocaína en 2008, por vía marítima.
Las defensas de los acusados solicitaron este martes la nulidad de las escuchas telefónicas, petición recurrente en procesos de estas características, al considerar que los pinchazos no estaban debidamente motivados y que, por ello, se habría comprometido el derecho de secreto y libertad en las telecomunicaciones.
Impugnación documental
Víctor Bouzas, letrado de uno de los acusados, José Antonio Búa Padín, explicaba posteriormente que también se tratarán de impugnar varios documentos incorporados al sumario, “desgajados” de otros operativos ya enjuiciados y a los que los abogados, defendió, “no hemos tenido acceso”, lo que, en su opinión, habría propiciado una “quiebra total” del derecho de tutela judicial efectiva.
Además, las defensas llegaron a calificar de “chapuza” la instrucción, para intentar tumbar el procedimiento incriminatorio contra sus clientes en el que, justamente, las grabaciones telefónicas son una de las piezas clave del procedimiento.
Trece de catorce acusados
El fiscal ha pedido penas de prisión que van de los 15 a los 17 años para un total de 14 acusados, aunque solo 13 se sentaron ayer finalmente en el banquillo de la Audiencia pontevedresa. La ausencia de uno de los investigados fue justificada por su estadía fuera del país en estos momentos, por lo que el tribunal podría deducir su testimonio y juzgarlo posteriormente.
La vista se retomará hoy en el Palacio de Justicia, jornada en la que está prevista la toma de declaración de los acusados que, ayer se comentaba, podrían responder solo a preguntas de sus abogados defensores.
La sala ha sido reservada hasta el viernes para continuar con este juicio, en el que el Ministerio Público pide también el pago de casi 23 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por un alijo que fue valorado en unos 128 millones de euros.
