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sábado | 18 mayo | 2024
Los investigadores consideran que la red desmantelada durante la operación Halia era la responsable de la entrada y distribución de cocaína en el noroeste peninsular y fletaba veleros y catamaranes para el transporte de la droga. Además, cifran en más de diez millones de euros el patrimonio ilícito de esta red, que blanqueaba el dinero procedente de su actividad delictiva a través de negocios como estancos o viveros de moluscos, o con la adquisición de viviendas y embarcaciones.
La operación llevada a cabo por la ECO de la Guardia Civil, en colaboración con la DEA y Europol, con epicentro en O Salnés, se saldó con veinte detenidos, seis de los cuales, tres de ellos los presuntos cabecillas arousanos, se encuentran ya en prisión. Estuvo dirigida por la Audiencia Nacional.
La investigación comenzó a principios del año pasado por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tras tener conocimiento de la inusual actividad de un presunto grupo crimnal en la comarca de O Salnés. Los agentes decidieron centrar las pesquisas en una importante remesa de cocaína encargada por esta red, que utilizó un velero para alijar en las aguas del Caribe desde una embarcación nodriza.
El velero fue sometido a una inspección e identificación de sus ocupantes en aguas caribeñas por las autoridades francesas, por lo que el grupo de presuntos narcotraficantes decicidió abortar el plan inicial. Los investigadores señalan, asimismo, que los intentos de introducción de droga en España por parte de esta organización habrían sido fructíferos en varias ocasiones, siempre a través de las costas gallegas. La organización tenía vehículos dotados con sofisticados dobles fondos y sistemas de ocultación para, desde distintos municipios gallegos, salir a la supuesta distribución de la droga por la geografía española.
Muchos de los investigados tendrían experiencia de años en esta presunta actividad delictiva, de manera sistemática. Con sus minuciosas medidas de seguridad y su dilatada experiencia, lograron escapar durante un tiempo del control de las fuerzas de seguridad. Además, el uso por parte de los integrantes del grupo de métodos, aplicaciones y dispositivos encriptados, agravó la complejidad de la operación.
La ganancia ilícita derivada de la actividad criminal de este tipo de organizaciones es otro de los aspectos en los que se centra esta operación, por lo que los investigadores también se centraron en la erradicación del aparato económico de estas organizaciones criminales. La operación Halia puso al descubierto un patrimonio presuntamente ilícito que supera los diez millones de euros, repartido entre viviendas de lujo, vehículos, embarcaciones y otros derechos, resaltando la explotación de estancos y de viveros de marisco. Los integrantes de este grupo utilizaban diversas estructuras para, presuntamente, blanquear capitales. Consideran los investigadores que, para ello, se servían de testaferros, empresas pantalla, compensaciones en metálico y ficciones documentales.
El laboratorio de adulteración y corte de cocaína hallado durante la operación apareció en una zona aislada de la Comunidad de Madrid, permanemente controlado y vigilado por la organización criminal y en el que han sido halladas distintas sustancias químicas y precursores. De hecho, se estima que llegaban a alcanzar una producción de unos cien kilos mensuales.
El juez de refuerzo del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Garea, envió a prisión incondicional, comunicada y sin fianza a Pablo Quiroga, Bernabé González y Víctor Dopico, por tráfico de drogas y organización criminal. Otros tres de los diez detenidos que pasaron a disposición judicial corrieron la misma suerte, mientras que cuatro fueron puestos en libertad con medida cautelares, como la retirada del pasaporte, la obligación de no abandonar el país y las comparecencias semanales. Todos eran de nacionalidad española, salvo un colombiano.
Todos están investigados por delito contra la salud pública en el marco de una organización criminal. En los 27 registros realizados los agentes se incautaron de 50 kilos de cocaína, uno de heroína, 1.700 kilos de hachís, 1 kilo de Tussi, 10 de marihuana, 750 gramos de MDMA, diez mil pastillas de éxtasis, 700 gramos de anfetamina y 21 bidones con una cantidad de químicos para corte de sustancias.
Además, intervinieron más de tres millones de euros en efectivo, la mayor parte en las propiedades de Dopico, 32 terminales telefónicos encriptados y otros dispositivos informáticos, 16 vehículos (seis de ellos de alta gama), cuatro relojes de alto valor y tres armas de fuego. La operación también permitió el embargo de bienes valorados en más de diez millones de euros, mediante el bloqueo de 44 cuentas.
