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viernes | 3 mayo | 2024
La Audiencia Nacional acaba de ordenar la extradición a su país natal, Venezuela, de Elis Margarita Valladares Sánchez, una mujer capturada en marzo en Vilagarcía sobre la que pesaba una orden internacional por el asesinato del empresario Juan Manuel Barcia. La justicia de su país está convencida de que la arrestada participó, junto a su hijo y otros miembros de la familia, en la contratación de unos sicarios.
La mujer llegó a estar en prisión, por unos dramáticos hechos que sacudieron el país y fueron muy mediáticos, recibiendo el calificativo de “el caso de Caín y Abel”. Sin embargo, en un momento dado logró huir de Venezuela y acabar en Vilagarcía, donde fue detenida por la Policía Nacional el 6 de marzo de 2023, cuatro meses después de que se registrase su orden de búsqueda en la Interpool.
Fue el 9 de noviembre de 2020 cuando tres individuos armados entraron en la empresa Plásticos Valencia, ubicada en el municipio Guacara, de Venezuela, con el objetivo de llevarse tanto al jefe, Juan Manuel Barcia, como a su mujer, que se libró por no encontrarse en el lugar.
Un día después, apareció el cadáver del empresario en una zona boscosa, y con claros signos de haber sido torturado. Entre los detenidos por este crimen se encuentran tres funcionarios de las FAES (cuerpo especial de la Policía venezolana) y dos estudiantes. Ellos fueron los encargados de ejecutar el asesinato, pero alguien los contrató.
Y es ahí precisamente donde las investigaciones señalan a la detenida en Vilagarcía, madre del medio hermano de la víctima, que también se encuentra en prisión por estos hechos.
Las investigaciones en Venezuela consideran que el asesinato fue planificado por Elis Margarita Valladares y en complicidad con su hermana para favorecer a su hijo, César Luis Barcia Valladares, con el objetivo de que se hiciese con el control de la empresa.
A este último se le considera el autor intelectual de los hechos, ya que habría sido el encargado de contactar con los sicarios, mientras que su madre y su tía colaborarían en la financiación. En los registros a los detenidos se encontraron 10.000 dólares americanos. Fueron arrestados, precisamente, cuando regresaron a la empresa del asesinado.
La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Nacional rechaza los argumentos de la defensa de la detenida, que alegó que era solicitante de protección internacional, que estaba en España en el momento de los hechos, no tener garantías de un juicio justo y “reclamación espuria” por ser opositora al Gobierno de Nicolás Maduro. El tribunal no considera probado que estas cuestiones afecten a los derechos fundamentales de la detenida.
