La nueva política agrícola que regirá el campo hasta 2027 entra en vigor con cambios que afectan a más de 650.000 agricultores y ganaderos en España, tercer país beneficiado, con una asignación superior a los 47.000 millones. Entre las novedades, destacan el incremento de los objetivos medioambientales a la hora de distribuir los fondos para las ayudas y un diseño en el que los gobiernos tendrán más responsabilidad porque cada país decide cómo aplica esta política mediante un plan estratégico. No se volverá a las tractoradas pero sí al vaciado de leche y al cierre de explotaciones en Galicia, que tendrá que realizar cambios en el sector agroganadero.