BOIRO - La Fiscalía de Baleares interpone denuncia por presunta estafa en la campaña “Paula necesita ayuda”

A finales de agosto pasado trascendió la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de las Islas Baleares de un escrito de denuncia de un particular para que el ministerio público investigase unas presuntas irregularidades en relación con el destino de parte del dinero recaudado en la campaña solidaria “Paula necesita ayuda”. Lo que se pretendía con aquella denuncia era intentar aclarar las dudas en relación a si alguien cometió un supuesto delito de desvío de fondos recaudados para fines diferentes a la financiación de las operaciones y el tratamiento que debía recibir la pequeña. Ahora, desde dicha fiscalía confirman que, cogiendo el testigo del escrito de ese particular, se ha dado un paso más en este asunto. Fuentes de dicho órgano indicaron que ya interpuso una denuncia ante el Juzgado Decano de Palma para que continúe con la instrucción de las diligencias penales sobre el asunto.
Esa decisión la ha adoptado la Fiscalía de las Islas Baleares por entender que de la investigación abierta se desprenden indicios sobre los citados hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de estafa, recogido en el artículo 248 del Código Penal, sin perjuicio de su calificación definitiva. Cabe recordar que el denunciante expresaba en su escrito remitido a la fiscalía que tras la obtención de los fondos en la citada campaña solidaria, “ha mejorado notablemente el nivel de vida y los gastos de la familia, por los vehículos que conducen y que fueron adquiridos posteriormente a la recaudación”. En caso de que se hubiera producido un desvío de dinero de “Paula necesita ayuda”, esa persona expresó en su denuncia que supondría “un daño a la buena fe de todos aquellos que hemos aportado dinero para mejorar la salud de una niña, y que ahora tenemos dudas acerca de la finalidad de la campaña recaudatoria”.
Lo que por el momento no ha trascendido es si la denuncia va dirigida a alguna persona en concreto, ni el juzgado de instrucción que se encarga de continuar con las diligencias penales, ni tampoco si se han producido avances en las investigaciones. Del desarrollo de estas últimas se podrá determinar el alcance de la presunta estafa y las personas físicas o jurídicas que finalmente resultan imputadas si es que la autoridad judicial determina que existen indicios y pruebas, o bien todo lo contrario, para poder acusar formalmente a alguien de ese presunto delito.
El Código Penal recoge en el citado artículo 248 que “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. En relación a las condenas con que se pueda castigar a los responsables de ese delito se establece en dicha legislación de seis meses a tres años si la cuantía de lo defraudado excedió de 400 euros. Se indica que para la fijación de la misma se tendrán en cuenta, además del importe de lo estafado, aspectos como “el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción”. Y se añade que el delito de estafa será castigado con penas de prisión de uno a seis años “cuando el valor de los defraudado supere los 50.000 euros”.
Si además de esta circunstancia concurren que “revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia” o “se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional”, la pena de cárcel será de cuatro a ocho años y multa de 12 a 24 meses. n