El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la orden de derribo de la ampliación de una vivienda de Tragove decretada por el Concello de Cambados, cumpliendo así con sendas sentencias del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 3 de Pontevedra, la primera en 2011. El propietario de la vivienda en cuestión recurrió la resolución alegando la necesidad de adoptarse medidas de protección social dada la supuesta situación de vulnerabilidad de la familia, defendiendo que carece de medios para pagar un alquiler y que cuenta con un miembro menor de edad, aunque en el momento de la interposición del recurso ya no se da esta circunstancia al ya no haber menores en la unidad familiar.

Los magistrados concluyen que “no hay duda en la firmeza de la orden de demolición” y que esta se refiere exclusivamente sobre unas obras ilegales de ampliación de arrimo en una zona de edificación de unos 15 metros cuadrados. De hecho, el propietario tuvo la oportunidad de acometer el derribo voluntariamente e incluso se interpusieron tres multas coercitivas por parte del Concello antes de acordarse la ejecución subsidaria de las obras de demolición.

En cualquier caso, la sentencia del TSXG señala que la demolición de esta parte de la vivienda “no implica por sí mismo un desalojo forzoso de carácter definitivo”, sino que se limita a la realización de las tareas materiales necesarias para llevar a cabo la demolición, polo que “no se produce la privación del derecho a la vivienda”.

En cualquier caso, los magistrados entienden que la “alegación genérica sobre el derecho a la vivienda digna no confiere el derecho a perpetuar de manera indefinida en el tiempo el incumplimiento de la legalidad urbanística ni deja sin efecto los actos firmes” y que son los servicios sociales del Concello los competentes para evaluar si la existe una hipotética situación de vulnerabilidad, si bien no se ofrecen datos ni hechos que justificarían este supuesto.

Por todo ello, el TSXG falla que, al tratarse de una demolición parcial de la vivienda y no en su totalidad, “no se observa ningún riesgo para el derecho a la vivienda digna”. Así, desestima el recurso presentado por el propietario, al que le impone las costas procesales, con un límite máximo de 1.000 euros, por todos los conceptos. Contra esta sentencia cabe posibilidad de recurso ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo. 

“A política de “ti vai facendo” non se pode tolerar”

El alcalde, Samuel Lago, explicó que este tipo de resoluciones son un “trago difícil”, pero que el Concello está atado, ya que tiene el deber de cumplir las sentencias, que en este caso proceden de la denuncia de un vecino al no adaptarse las obras a la licencia de obra expedida. En cualquier caso, Lago señaló que la “política do “ti vai facendo” non se pode tolerar” y recordó a los vecinos que deben cumplir con la legalidad en el ámbito del urbanismo. Así, una vez concluido el procedimiento judicial, se iniciará el proceso de demolición de la parte afectada de esta vivienda.