Tenemos un Estado de Derecho, una democracia, y una institución judicial, pero si no funciona, la democracia y el Estado de Derecho, tampoco. No basta que el legislador haga leyes, si la justicia no las aplica no valdrá de nada. Cuando la gente se desespera, dice que “no hay derecho”, y sin derecho no habrá democracia”, y para que la haya tenemos que implicarnos todos y mucho más los responsables de las instituciones públicas.

Para conseguir lo dicho:

Primero. Toda organización humana reglada como es la Institución Judicial, donde los jueces tienen que rendir cuentas como cualquier ciudadano y no andar por libre incumpliendo las normas establecidas como está ocurriendo en demasía en la justicia. Los jueces deben ser independientes para aplicar las leyes sin excusas, ni interpretaciones torticeras para  favorecer a alguien sin reparar el daño causado. Aunque un  tribunal superior revoque la sentencia,  hay jueces que siempre hacen lo mismo. Unos archivan con pruebas y otros tramitan las denuncias con recortes de prensa.                                                                                                              

Segundo. Coordinación de los recursos humanos y materiales actuales mal aprovechados y aumentarlos si fuera necesario.Tramitar las denuncias con  pruebas sin archivar porque van a recurrir una y otra vez atascando los juzgados y creando gastos innecesarios. No aceptar denuncias con recortes de prensa impulsadas por el denunciante. Jueces como Peinado y Hurtado dan mala imagen de la justicia  sin haber caso, causando gastos de fondos públicos y desprestigio de personas. Persiguen al fiscal general acusándole de filtrar correos sobre el fraude con Hacienda de la pareja de Ayuso, cuando los  periodistas declararon que  los tenían antes que el fiscal hiciera la nota aclaratoria de una filtración del caso de la  pareja de Ayuso. Las filtraciones que salen de los tribunales vulneran el secreto del sumario, y la ley de protección de datos, cuando las empresas privadas son sancionadas.

Tercero. Aunque los órganos judiciales superiores sean nombrados por los partidos, el Consejo del Poder Judicial, al  ser el Gobierno de los Jueces, debe actuar para que  los jueces apliquen la ley y no para defender ilícitos  de  afines como sobradamente conocemos. El CGPJ tampoco debe defender al partido que los nombró si es culpable, y tienen  la obligación de exigir disciplina y defender el marco legal. Aunque la justicia debe ser independiente, el juez sólo lo puede ser para aplicar las leyes, y cuando dejen de hacerlo ahí está el CGPJ para obligarle a cumplir con su deber, lo mismo que los ciudadanos tenemos que cumplir sus resoluciones aunque no nos gusten. En ninguna otra organización privada se le permite poner palos en las ruedas de la organización como algunos jueces al  actuar como políticos.                                                                          

Cuarto. Para desatascar la justicia, se debe dar más competencias a los juzgados de paz para mediar en los conflictos. Los juzgados de paz y de primera instancia son próximos a la base social y con una mejor organización y control pueden ser más eficaces sin duplicidades rutinarias incumpliendo plazos perjudicando derechos y gastos de abogados y procuradores. Hay trámites que semejan echar balones fuera. Para ello una vez conocido el expediente despacharlo y no tener que volver a perder el tiempo en  estudiarlo.

Quinto. En toda empresa pública o privada lo más rentable es trabajar en equipo. La justicia es un producto perecedero que pierde eficacia al ser tan lenta porque hay gente que muere antes de conocer las sentencia. La justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho y la democracia y muy necesaria para corregir los excesos de personas en la instituciones que son monopolio a diferencia de las empresas privadas para cambiar. Se necesitan profesionales con ética profesional y con valores democráticos y de justicia.

Ya que los partidos políticos nombran el CGPJ también tienen la obligación de exigirle que cumplan con su deber y poner los medios para una justicia más ágil y  sea igual para todos. Pero las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales siempre son apoyadas por los partidos de derechas y no quieren la reforma judicial para no perder el status quo del que disfrutan.