Si no somos iguales ante la ley es culpa de los jueces

El marco legal existe, pero no todos los partidos respetan las leyes como debiera ser en democracia, pero son los votantes los que deben decidir cuáles son sus intereses. A la vista está, no todos los partidos defienden el bien común . Hay partidos progresistas que trabajan en la defensa de los intereses generales, mientras las derechas defienden a las clases privilegiadas del capitalismo e intereses particulares. Por eso no es de extrañar que PP y VOX defiendan el status quo de sectores bancarios, eléctricas, petroleras, fondos buitre, iglesia, grandes empresas, sistema judicial que les sea favorable a su interés.

Los partidos progresistas luchan por conseguir nivelar la riqueza que produce el esfuerzo del trabajo del conjunto de sociedad y sea también beneficiada. Así fue desde la revolución francesa, entre otras, dado que los poderes dominantes siempre se resistieron al cambio.

Nunca me gustaron las extremas sectarias . Tanto unas como otras rompen la baraja si no se salen con la suya. En democracia y Estado de Derecho se deben defender los derechos colectivos y asumir cada uno sus responsabilidades cívicas, única forma de convivir cediendo y pactar en lo que nos une,  en vez de lo que nos separa. El sectarismo es pernicioso para todos. Tan necesarios son los empresarios como los trabajadores para crear riqueza y servicios que deben llegar a todos, así como la participación de los colectivos sociales en el proyecto común. Lo que no es de recibo es que en plena pandemia desde la clase media para abajo, se perdiera poder adquisitivo y los más ricos se hicieran más ricos. Es aquí donde se ve la diferencia entre partidos. Las derechas defienden a unos pocos frente a los muchos. Hasta los nacionalistas conservadores así lo entendieron (PNV- Junts) que no quisieron pactar con el PP por haber pactado con Vox, si no lo harían con el PP como en otras ocasiones con el PP el PNV -CiU, hoy Junts. Recordemos lo que le cantaron a Pujol “enano hablacastellano”, y cuando Aznar necesitó sus votos confesó hablar catalán en la intimidad.

Ahora González y Aznar le quieren quitar el derecho a Sánchez de pactar con los nacionalistas de Puigdemont, creación de la mala política del gobierno del PP. Todos los presidentes en campaña prometieron lo que luego no cumplieron. Sánchez hizo lo mismo.

Para que esto no ocurra hay que normalizar el reparto competencial territorial, en lo económico, deberes y derechos solidarios y sacar de las manos de los partidos el trapicheo.

La amnistía es un paso para reparar algo que se hizo mal por ambos gobiernos central y autonómico catalán.

Ahora se está dilucidando si se profundiza en la democracia, o se imponen recortes y derechos sociales adquiridos. Las derechas es lógico que defiendan los privilegios establecidos, y los progresistas la justicia social tal como proclama la Constitución en su art. 31, en lo que a  impuestos se refiere para el reparto de la riqueza del país, “que pague en proporción a su capacidad económica”. Esto es lo que pretende este gobierno, tal como dice la Constitución de 1978.

Tenemos el marco legal para ser iguales ante la Ley, pero es responsabilidad de políticos y jueces su  aplicación.